La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acusó al director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, de “faltar a la verdad” y de abandonar su rol de “tercer imparcial” en el proceso de licitación del INTRANT para la contratación del servicio de emisión de licencias de conducir.
La organización afirmó que avalando sin reservas el proceso llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Pimentel incurre en una actuación impropia para un órgano rector de contrataciones públicas, el cual según ADOCCO debe pronunciarse “mediante resoluciones, como los jueces lo hacen mediante sentencias”.
ADOCCO aseguró que impugnó el proceso dentro de los plazos legales y antes de la apertura del Sobre B, es decir, antes de que se acreditara a la única oferente, la empresa Mobility ID. Sin embargo, el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT rechazó la impugnación y remitió el caso a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dirigida por Pimentel.
La entidad recordó que la propia DGCP había emitido la resolución DGCP44-2025-004110, del 15 de octubre de 2025, en la cual indicaba que ADOCCO debió “denunciar las irregularidades” ante ese organismo, tal como lo hizo la Fundación Justicia y Transparencia, y no presentar una impugnación directa.
A pesar de esta resolución, ADOCCO considera “inexplicable” que días después Pimentel declarara públicamente en presencia del director del INTRANT, Milton Morrison que no existía ningún proceso pendiente de decisión ante la DGCP.
La organización anticorrupción sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad, pues afirma haber notificado al funcionario mediante el acto de alguacil No. 424/25, del 21 de octubre de 2025, una demanda en intervención forzosa para que compareciera frente al juez presidente del Tribunal Superior Administrativo el 23 de octubre del mismo año.
Según ADOCCO, esta acción judicial fue publicada en 66 diarios digitales del país, por lo que a su juicio Pimentel “no podía alegar desconocimiento”.
ADOCCO calificó como “falta grave” que la DGCP dé por bueno y válido el proceso de licitación sin previamente decidir sobre las denuncias y objeciones presentadas. La organización exhortó al órgano rector a actuar conforme al debido proceso y emitir las resoluciones correspondientes.
