La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las advertencias de sometimiento judicial por supuesta difamación contra su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, anunciadas por la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, tras acusaciones de prevaricación relacionadas con el archivo de una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández.
La organización recordó que en octubre de 2023 denunció que Hernández habría ocultado en su declaración jurada de patrimonio una empresa familiar, Constructora Playa Morón, que en septiembre de 2022 adquirió un inmueble en Las Terrenas, Samaná, por RD$31 millones, un mes después de que asumiera el cargo. Según ADOCCO, el valor real de la propiedad superaría los US$4 millones y la compra se habría realizado en efectivo, lo que, a su entender, constituye una irregularidad no acorde con los ingresos declarados por el exfuncionario y su familia.
ADOCCO sostuvo que la omisión de dicha empresa en la declaración jurada de bienes viola la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, por lo que pidió al Ministerio Público investigar y formalizar cargos contra Hernández.
La entidad aseguró que no se dejará amedrentar por las declaraciones de Ortiz Bosch y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una medida cautelar que evite lo que califican como un “despropósito del poder”.
“Esperaremos el sometimiento con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado”, afirmó ADOCCO, al reiterar que seguirá denunciando a servidores públicos que incurran en irregularidades.
