La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, expresó su respaldo a la iniciativa de crear una comisión plural y especializada que evalúe la aplicación de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, con el propósito de identificar aquellos artículos que puedan requerir modificaciones para fortalecer su eficacia y armonía con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización consideró que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un paso trascendental para el sistema de justicia dominicano; sin embargo, señaló que, como ocurre con toda reforma legislativa de gran alcance, la experiencia práctica permitirá identificar disposiciones susceptibles de mejora, precisiones técnicas o adecuaciones que contribuyan a una aplicación más efectiva de la norma.
ADOCCO sostuvo que la creación de una comisión integrada para el seguimiento y socialización de la normativa, presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, Persio Maldonado y Aníbal de Castro, directores de los periódicos El Nuevo Diario y Diario Libre, respectivamente, fortalecerá la legitimidad del proceso de evaluación y garantizará que las eventuales modificaciones respondan al interés general y a criterios estrictamente técnicos.
“La apertura a revisar una legislación tan importante demuestra madurez institucional y compromiso con la mejora continua del ordenamiento jurídico. Las leyes deben responder a la realidad social y, cuando la práctica evidencia aspectos perfectibles, corresponde al Estado promover los ajustes necesarios mediante un diálogo amplio y responsable”, expresó la entidad.
ADOCCO reiteró que ese proceso debe desarrollarse con transparencia, amplia participación ciudadana y absoluto respeto a los principios constitucionales, procurando un equilibrio entre la persecución eficaz del delito, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.
