La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo viernes 3 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar del caso Coop-Herrera, en el que se investiga un presunto desfalco superior a los 2,500 millones de pesos.
La jornada estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de los querellantes, quienes no pudieron acudir al tribunal debido a las inclemencias del clima y la alerta roja que se mantiene en gran parte del país. Aun así, algunos socios afectados se presentaron y alzaron su voz en reclamo de justicia.
Durante la jornada de hoy también fue presentada una acusación alterna contra Franco de los Santos, uno de los exdirectivos señalados por el Ministerio Público como pieza clave en las irregularidades administrativas y financieras detectadas en la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. De los Santos, quien por años fue uno de los rostros visibles de la entidad, figura entre los principales imputados en el expediente.
Al salir de la sala, los querellantes que lograron presentarse pese a las dificultades climáticas aprovecharon para exigir mayor celeridad en el proceso judicial.
“Hoy se presentó uno de los imputados, Gabriel Borsilea, y eso demuestra que el caso está avanzando. Pero necesitamos que avance más rápido, porque nosotros queremos nuestros ahorros. Este proceso tiene tres años y muchos socios están enfermos, otros han muerto por esta situación crítica. Pedimos al Ministerio Público que agilice, y sobre todo al presidente Luis Abinader que venga en nuestro auxilio. Señor presidente, usted puede resolver”, expresó con firmeza Naira Villa Puerto Real.
En la misma línea, otra de las querellantes, Lucía Sánchez, confirmó que se había presentado una acusación alterna contra Franco de los Santos. “Lo que pedimos es que el excelentísimo señor presidente acate la lucha que tenemos los cooperativistas, y que IDECOOP cumpla su rol. Ojalá esto no se torne violento, que todo se resuelva con altura. Confiamos en usted, señor presidente, para que se haga justicia en nombre de los desposeídos de este país”, sostuvo.
Por su parte, Jesús Martínez Garo insistió en que el Estado debe intervenir para garantizar los ahorros de los socios. “Este es un problema social que no puede seguir postergándose. Necesitamos una respuesta para miles de familias que confiaron en la cooperativa”.
Mientras que Jesús Gómez, representante de unos extranjeros también afectados entre ellos miembros de la familia Tafuri, valoró que el proceso avance, aunque reconoció que aún se encuentra en fase preliminar: “Ahora estamos en la etapa de evaluación de pruebas, y eso es importante, pero lo que más necesitamos es que se garantice el derecho de los ahorrantes, muchos de los cuales han perdido todo lo que tenían”.
Los testimonios coincidieron en un mismo punto: la desesperación de quienes depositaron su confianza y su dinero en Coop-Herrera y hoy reclaman no solo justicia, sino también la devolución de recursos que, aseguran, obtuvieron con años de trabajo y sacrificio.
“Ese dinero fue a base de sudor que lo conseguimos, y lo necesitamos para sobrevivir. Yo misma estoy de pie porque Dios me da fuerzas, pero hay mucha gente enferma. No podemos cansarnos, porque nuestra lucha es justa”, dijo Naira Villa
El caso Coop-Herrera se originó tras una auditoría que reveló presuntas anomalías en el manejo de fondos, incluyendo préstamos irregulares, desviación de recursos y violaciones a los principios de transparencia cooperativa. Aunque se encuentra en etapa preliminar, el proceso mantiene en expectativa a miles de socios que aseguran haber sido defraudados y que desde hace tres años reclaman justicia y la devolución de sus aportes.
