Irregularidades superiores a RD$4,200 millones fueron detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) entre 2017 y 2019, de acuerdo con un informe de la Cámara de Cuentas que advierte fallas estructurales en procesos de compras, nóminas y registros contables.
El organismo fiscalizador de las cuentas del Estado aprobó y publicó el 24 de Octubre del 2025 un informe de auditoría sobre los estados financieros y la ejecución presupuestaria del citado seguro del Gobierno.
Las anomalías detectadas abarcan distintos ámbitos: movimientos y ajustes contables sin respaldo técnico ni documentación adecuada; pagos irregulares de nóminas (incluyendo casos de doble percepción salarial); adquisiciones sin aplicar los procedimientos legales de compras; y transferencias y pagos a programas y terceros con deficiencias probatorias que impiden la verificación completa de las erogaciones.
Entre los hallazgos concretos que la auditoría detalla están: ajustes contables por más de RD$1,214,643,915 sin documentación de soporte que justifique esos movimientos; compras por montos superiores a RD$34,365,928 realizadas sin procedimientos de contratación legalmente establecidos; y observaciones específicas a transferencias relacionadas con programas conjuntos (incluyendo registros vinculados con Promese-Cal) por varios cientos de millones.
Según la Cámara de Cuentas en varios casos, la entidad no suministró nóminas digitales completas, cheques ni asientos contables solicitados, lo cual limitó el alcance del examen e impidió la verificación puntual de pagos a beneficiarios.
Por esa razón, el informe incluye recomendaciones para que la gerencia del SeNaSa regularice la documentación, implemente controles internos más robustos y proceda a la depuración de las inconsistencias detectadas.
El informe ha generó críticas políticas, como la del dirigente Yván Lorenzo, quien declaró que la publicación de una auditoría sobre 2017–2019 resulta “insuficiente” frente a denuncias públicas sobre gestiones más recientes y la puso en duda como respuesta a la crisis; otros actores políticos y sociales han pedido que las investigaciones lleguen hasta las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
