Santo Domingo.- La jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió el arresto domiciliario al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Juan Camilo de los Santos Viola y al coronel Rafael Núñez de Aza, implicados en el caso Coral y Coral 5G.
Gisell Pérez Méndez tomó la decisión durante el conocimiento de una solicitud de revisión de la medida de coerción.
El tribunal tomó la decisión, al acoger un pedimento presentado por la defensa de los implicados, doctores Félix Humberto Portes Núñez y Wendy Lora.
Al general de los Santos Viola, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el tribunal mantuvo el impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos, bajo la modalidad contrato y amplio a todo el territorio nacional el brazalete electrónico.
En la audiencia la defensa de los Santos Viola, solicitó variación de medida de coerción, ordenando el cese del arresto domiciliario y la colocación de grillete electrónico, aunque mantengan el impedimento de salida sin previo permiso de la autoridad competente.
En cuanto a Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el tribunal mantuvo el impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos y amplio en todo el territorio Nacional, el brazalete electrónico.
La defensa de Núñez de Aza, declaró en el tribunal que su cliente en pocos días cumplirá 36 meses en prisión; 18 meses de prisión preventiva y el restante en arresto domiciliario, por lo que solicitó quitarle el grillete electrónico y arresto domiciliario para que se le imponga presentación periódica.
A Flete Guzmán, la jueza le quitó el brazalete electrónico y le mantuvo el impedimento de salida del país y le impuso el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos bajo la modalidad de contrato.
Mientras que la defensa de Flete Guzmán, sostuvo que el 5 de mayo del 2021 le fue impuesta la prisión preventiva y que en diciembre de 2022 le variaron la prisión y le colocaron el grillete, medida con la cual tiene un año, cuatro meses y varios días, señalando que desde ese entonces dejó de percibir el salió de cabo sin poder sostener a su familia.
En la audiencia, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el fiscal Jonathan Elías Pérez, solicitó al tribunal mantener la medida de coerción vigente, alegando que no han presentado presupuesto nuevo, situaciones novedosas que permitan a la jueza variar la medida de coerción vigente.
