El debate sobre la modificación del régimen de cesantía volvió a la mesa de discusión legislativa con la propuesta presentada por la diputada Carmen Ligia Barceló , del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Su iniciativa figura entre las cuatro propuestas de Reforma Laboral, incluyendo la del Senado, que actualmente estudia la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Barceló reiteró su decisión de no retirar su proyecto y defendió la propuesta de establecer un tope máximo de seis meses de salario como límite al pago por concepto de cesantía laboral.
“Considero necesario ponerle un tope máximo de seis meses de valor del salario a la cesantía, porque debemos establecer un equilibrio entre los beneficios de los empleados y la viabilidad de las empresas, sobre todo en un país donde la mayoría son pequeñas”, explicó la legisladora.
No obstante, reconoció que, al igual que en intentos anteriores, la modificación a la cesantía podría no prosperar.
“En respeto al ejercicio de la democracia y al derecho de los legisladores que hacemos trabajo aquí en esta Cámara, ninguno de nosotros debe retirar sus proyectos. Lo ideal es que esta comisión, que es soberana, pueda conocer cada una de las propuestas y decidir, en el debate interno, si hay artículos que se pueden modificar o no”, sostuvo.
Sobre el tema que más inquieta a la clase trabajadora, Barceló insistió en que su planteamiento busca un equilibrio entre los derechos de los empleados y la sostenibilidad de las empresas, aunque admitió que las probabilidades de aprobar una reforma en ese punto son bajas. “Entiendo que, siendo justo y honesto, eso no va a pasar, pero creo que vale la pena que se hable y se escuchen todas las partes”, expresó.
Otras modificaciones propuestas
La diputada también planteó cambios en otros artículos del Código de Trabajo. Entre ellos, una modificación al artículo 162, que prohíbe las horas extraordinarias. Según explicó, esa restricción limita el pago de horas extras al empleado, afectando sus ingresos.
Asimismo, propuso mantener la disposición que exceptúa a las empresas de zonas francas del pago de participación en los beneficios, y preservar el régimen especial de las trabajadoras domésticas, cuya jornada calificó como “intermitente”.
“Si no lo establecemos así, estamos generando un tema de pago de horas extras que el hogar dominicano no va a poder costear. El trabajo doméstico no es un trabajo con afán de lucro, sino el que permite a la familia dominicana que los padres puedan salir a trabajar”, argumentó.
Finalmente, Barceló subrayó que su intención no es imponer una postura, sino promover un debate abierto y constructivo.
“Tenemos que seguir poniendo sobre la mesa este tema tan importante para el tejido empresarial del país, que es finalmente el que está llamado a crear los empleos para que la economía dominicana se siga manteniendo”, enfatizó.
