La defensa del exministro de Obras Públicas y exaspirante presidencial Gonzalo Castillo pidió al Cuarto Juzgado de la Instrucción que anule por completo el proceso penal en su contra, alegando que el Ministerio Público habría incurrido en fraude procesal y presentado la acusación fuera del plazo dispuesto por la ley.
Según los abogados, el expediente fue introducido después del 30 de abril de 2024, fecha límite establecida por el Segundo Juzgado de la Instrucción mediante una intimación dirigida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los representantes legales —Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo— aseguran que la documentación demuestra que Pepca incumplió esa orden judicial. Sostienen que la versión oficial, según la cual la acusación fue depositada el 25 de abril, no coincide con las certificaciones emitidas por las propias instancias judiciales.
Certificaciones contradictorias
De acuerdo con la defensa, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó que la acusación fue recibida el 25 de abril y enviada al Cuarto Juzgado el día 30. Sin embargo, este último tribunal afirmó que ni la acusación ni las pruebas llegaron en esa fecha ni en esa semana.
El Cuarto Juzgado certificó que el Ministerio Público entregó el expediente directamente el 14 de mayo de 2025, mientras que el auto de apoderamiento —que debió acompañar la acusación— fue recibido el 6 de mayo, no el 30 de abril como se había señalado previamente.
Para los abogados, estas diferencias dejan un vacío de casi dos semanas en la cadena de custodia del expediente, un período en el que, según ellos, “se desconoce por completo el paradero del proceso”.
Alegan imposibilidad material
La defensa también cuestiona que el Ministerio Público sostenga haber preparado y depositado la acusación el 25 de abril, ya que ese mismo día recibió documentos fundamentales en horas de la tarde.
Entre ellos mencionan las pruebas 1623, 1624 y 1625, que incluyen historiales bancarios, certificaciones empresariales y una gran cantidad de anexos. La evidencia 1623 —con 52 anexos— habría sido entregada a la 1:39 p. m., mientras que Pepca afirma haber depositado la acusación a las 4:25 p. m.
Los abogados consideran imposible que en menos de tres horas se pudiera recibir, estudiar, redactar, inventariar, imprimir y trasladar varias centenas de páginas al tribunal.
Observaciones sobre el peritaje financiero
El punto más delicado, según la defensa, está en el peritaje financiero de 557 páginas que sustenta gran parte de la acusación. Afirman que el informe fue elaborado con información que el Ministerio Público todavía no tenía en su poder al momento de presentarlo.
Aseguran que Pepca recibió el peritaje a las 3:00 p. m. del 24 de abril de 2024, pero uno de sus anexos principales —un documento de la Superintendencia de Bancos con 177 páginas— ingresó siete minutos más tarde, a las 3:07 p. m.
Para los abogados, ese desfase evidencia que el informe no pudo haberse confeccionado con datos completos, lo que, a su juicio, muestra un montaje en la construcción de la prueba.
Con estos argumentos, la defensa solicitó al tribunal que declare la nulidad absoluta del expediente, alegando violaciones a los plazos, al debido proceso y a principios esenciales de lógica jurídica, lo que —afirman— invalida el caso desde su origen.
