El Defensor del Pueblo en coordinación con la Universidad APEC (UNAPEC), a través de la Facultad de Humanidades y Derecho, desarrolló un conversatorio para analizar el contenido del nuevo Código Penal y reflexionar sobre los desafíos de su implementación.
Allí se destacó la importancia de que esta normativa entre en vigor como resultado de un amplio proceso democrático.
Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa sostuvo que el país se encuentra en un momento que exige actuar con serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado. A su juicio, esto debe hacerse respetando plenamente las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, la institución consideró oportuna la promulgación del nuevo Código Penal como la culminación de un largo proceso democrático y el inicio de una nueva etapa orientada a su implementación, observación y mejora continua.
Asimismo, señaló que ninguna legislación está exenta de aspectos susceptibles de perfeccionamiento. No obstante, consideró que una democracia sólida no debe paralizarse ante esa realidad, sino poner en funcionamiento sus instituciones y fortalecerlas mediante la evaluación permanente y el consenso.
El Defensor del Pueblo enfatizó que «promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional».
Como parte de las propuestas presentadas durante el conversatorio, la institución planteó al Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral Especial para evaluar la implementación del Código Penal. Indicó que la misma deberá ser acompañada por especialistas en derecho penal, procesal penal, constitucional, así como en técnica legislativa y representantes de las principales instituciones del sistema de justicia dominicano.
«Transcurridos los primeros 90 días de aplicación, esta comisión podría presentar al país un informe técnico sustentado en la experiencia y, de ser necesario, un proyecto de ley que permita perfeccionar tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal», prosiguió.
Ulloa añadió que «corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la democracia».
Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró que dicha corrección contribuiría a la construcción de un sistema de justicia más eficiente, garantista y acorde con las necesidades de la sociedad dominicana.
Por su parte, el rector de UNAPEC, magíster Erik Pérez Vega, al encabezar las palabras de bienvenida, destacó que para la academia constituye un privilegio abrir un espacio de análisis sobre uno de los temas de mayor trascendencia para la justicia dominicana: la implementación del nuevo Código Penal. Señaló que este panel, organizado por la Facultad de Humanidades y Derecho en coordinación con el Defensor del Pueblo, reafirma el compromiso de la universidad con la discusión de los grandes desafíos nacionales y con la formación de profesionales capaces de aportar soluciones al país.
Pérez Vega resaltó que el encuentro reúne a reconocidos juristas para examinar las principales transformaciones que introduce la nueva legislación, entre ellas el aumento de las penas, la incorporación de nuevos tipos penales, la responsabilidad de las personas jurídicas y el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción y otros delitos.
“Estos espacios permiten a estudiantes, docentes, profesionales del Derecho y a la ciudadanía acceder a análisis de alto nivel sobre una reforma que tendrá un impacto significativo en el sistema judicial dominicano”, afirmó el magister.
El rector enfatizó, además, que en esta nueva etapa institucional UNAPEC apuesta por consolidarse como un referente académico en los debates de mayor relevancia para la República Dominicana y la región del Caribe. Expresó que la universidad continuará promoviendo escenarios de reflexión crítica que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho, el pensamiento jurídico y el desarrollo de una sociedad más justa, democrática y comprometida con el bienestar colectivo.
En el panel participaron, además, el abogado litigante Miguel Valerio; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; así como Harold Modesto, profesor en Derecho Penal de UNAPEC, y Ricardo Rojas León, jurista y catedrático en Derecho Penal.
El encuentro fue moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC, y coordinador del Código Penal Comentado que publica la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
