La Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD), y la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE) depositan ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra más de cincuenta artículos del nuevo Código Penal dominicano, promulgado mediante la Ley Orgánica74-25 el pasado 3 de agosto de 2025.
Las organizaciones y juristas sostienen que el nuevo cuerpo normativo contiene disposiciones que vulneran derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.
El recurso fue depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, en representación de ambas entidades, los cuales tienen legitimación activa reconocida por el propio Tribunal Constitucional para accionar en defensa del orden constitucional.
“Nuestro interés es contribuir a que este Código Penal que va a regir la politica críminal del país no sirva para vulnerar derechos fundamentales de las personas, sino una herramienta para combatir la criminalidad, pero respetando el ordenamiento constitucional”, dijo Balbuena, quien encabezó al grupo de juristas accionantes y es coordinador de la Comisión de Litigios de la AIDP-GD.
Según el documento, los artículos impugnados —que incluyen, entre otros, los números 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388— contravienen los artículos 4, 6, 38, 39, 40, 44, 49, 56, 64, 65, 69, 74, 110 y 149 de la Constitución de la República Dominicana.
Además, se invocan violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a convenciones de la ONU sobre delincuencia organizada y derechos del niño, todas con jerarquía constitucional según el artículo 74.3 de la Constitución dominicana.
“El nuevo Código Penal introduce muchas innovaciones importantes al derecho represivo dominicano, pero creemos que algunas de sus disposiciones rigen con la Constitución”, reiteró Balbuena.
Las asociaciones alegan que el nuevo Código Penal desconoce principios básicos del derecho penal moderno, entre ellos la legalidad, proporcionalidad, humanidad y resocialización de la pena, al incluir tipos penales vagos o sanciones desproporcionadas que podrían abrir espacio a interpretaciones arbitrarias.
En su escrito, los accionantes recuerdan que el Tribunal Constitucional, en precedentes como la sentencia TC/0092/19, ha establecido que los tipos penales indeterminados violan el principio de legalidad al no describir con claridad las conductas prohibidas ni las sanciones correspondientes.
El recurso también plantea que varios artículos del Código Penal colisionan con el bloque de constitucionalidad, concepto que integra la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los principios fundamentales reconocidos por la jurisprudencia dominicana.
Coherencia alterada
Los juristas argumentan que, pese a los avances técnicos del nuevo texto, el Congreso introdujo modificaciones que alteraron su coherencia y crearon contradicciones con los estándares constitucionales, en especial aquellos relacionados con la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso.
La acción sostiene que la Ley 74-25, aunque se presenta como una modernización necesaria, incorpora disposiciones que desnaturalizan el derecho penal garantista y debilitan la protección de los derechos fundamentales, alejándose de los compromisos internacionales del Estado dominicano.
El nuevo Código Penal, aprobado con amplio respaldo en el Congreso Nacional, sustituye al texto vigente desde 1884 y prevé entrar en vigor en agosto de 2026, tras un período de vacación legal de doce meses.
