Un tribunal condenó a diez años de prisión a dos hombres procesados por el Ministerio Público por formar parte de una red dedicada al fraude electrónico, a través de la cual cometieron estafas por más de 10.6 millones de pesos mediante maniobras digitales que simulaban operaciones bancarias legítimas.
Los condenados, Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, fueron hallados culpables de enviar notificaciones y alertas falsas mediante correos electrónicos fraudulentos, redirigiendo a las víctimas a páginas web que imitaban los portales de conocidas entidades financieras.
Una vez que las víctimas ingresaban sus datos personales y bancarios en estos sitios falsos, los acusados los utilizaban para solicitar duplicados de tarjetas SIM en las compañías telefónicas correspondientes.
Posteriormente, con la información sustraída, accedían de manera ilícita a los servicios de banca por internet y realizaban transferencias a cuentas de terceros, suplantando la identidad de los usuarios afectados, detalla la acusación fundamentada por la procuradora fiscal Ofil Féliz Campusano.
A los procesados, además, se les impuso el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, así como el pago de una indemnización de RD$200,000 a una víctima y de RD$1,000,000, divididos a partes iguales, a favor de dos entidades bancarias.
Durante el juicio, la fiscal Francheska Alcántara expuso que en noviembre de 2024 los condenados fueron arrestados en flagrante delito en una sucursal de una compañía telefónica, donde intentaban obtener el duplicado de un chip que no les pertenecía, utilizando un poder notarial falsificado.
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, presidido por la jueza Leonarda Quezada e integrado por las magistradas Flor Batista y Clara Yoselin Rivera, aceptó en su totalidad la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipificó los hechos como asociación de malhechores, acceso ilícito y obtención ilícita de fondos, delitos contemplados y sancionados por los artículos 4, 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Los procesados cumplirán la condena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte.
