El diputado Bray Vargas denunció los constantes abusos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) y cuestionó la ineficiencia de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), entidad que (según afirmó), no cumple su papel de defensa del consumidor eléctrico dominicano.
El legislador, representante de la provincia Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su indignación ante el drama que viven miles de hogares dominicanos cada mes al enfrentarse a facturas elevadas y un servicio cada vez más deficiente.
“El pueblo está desesperado. No sabe cómo dividir su salario porque la sorpresa de cada mes es la factura eléctrica. Aquí hay que robarse la luz, porque el pueblo la paga dos veces: con sus impuestos y con las facturas abusivas, ¡y aun así vive en la oscuridad!”, manifestó Vargas con tono enérgico durante su intervención en el hemiciclo.
El diputado recordó que en 2024 el Gobierno destinó más de 1,700 millones de dólares para sostener a las distribuidoras de electricidad, y que en lo que va de este año se han transferido más de 30 mil millones de pesos, sin que la población perciba una mejoría en el servicio.
“¿Y qué recibe la gente? Apagones, facturas abusivas y excusas. Pagamos la luz más cara del mundo y, para colmo, no la recibimos”, sentenció el congresista.
Durante su intervención, relató el caso de una madre de un niño asmático que, a pesar de haber recibido un nebulizador donado, no puede usarlo porque en su sector las interrupciones eléctricas son constantes.
Vargas también arremetió contra PROTECOM, calificándola como “una oficina ineficiente, desconectada de la realidad de la gente”, y acusó al sistema eléctrico nacional de castigar a los más pobres mientras los responsables permanecen impunes.
“Un empleado con salario básico recibe un cobro abusivo; si no puede pagarlo, le cortan la luz, y si intenta sobrevivir conectándose, lo multan y lo llaman ladrón. ¿Quién es el verdadero abusador?”, cuestionó el diputado.
Finalmente, Bray Vargas advirtió que los apagones y las facturas abusivas representan una negación directa al derecho de los dominicanos a vivir con dignidad y tranquilidad.
“Quien gana un salario básico ya vive con limitaciones; agregarle apagones es negarle el derecho a la tranquilidad”, concluyó.
