Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la comisión especial que investigó los conflictos a lo interno de la Cámara de Cuentas (CC), expresó este viernes que la recomendación de que los miembros del órgano fiscalizador sean enviados a juicio político fueron sustentadas en las más de 13 mil evidencias que los mismos titulares aportaron a la comisión investigadora.
Rogelio Alfonso Genao, explicó que estas más de 13 mil pruebas encontradas durante la investigación consisten en videos, audios, actas y otras evidencias que estarán anexadas al informe que presentarán en el hemiciclo.
Asimismo agregó que aunque no todos los titulares del órgano auditor no cometieron las mismas faltas, pero que si se encontraron faltas en todos y que por esta razón la comisión determinó recomendar el juicio político.
«Todo lo ahí plasmado está sustentado con documentación», indicó Genao al tiempo que dijo que el tiempo que se ha tomado la comisión para rendir el informe ante el pleno de la Cámara de Diputados, es por la gran cantidad de pruebas encontradas en las documentaciones aportadas a los diputados por el mismo pleno del órgano extrapoder.
En ese sentido, manifestó que espera se este viernes se concluya el informe para ser presentado en la Cámara Baja, a partir de la próxima semana.
En otro orden, Genao reveló que si los actuales miembros de la Cámara de Cuentas son destituidos, quienes conformen el nuevo pleno lo harían por el tiempo que le resta a la gestión actual, que sería poco más de un año.
Sin embargo, a pesar del robusto expediente con que cuenta la comisión especial investigadora para acusar de irregularidades en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Cámara de Cuentas, los partidos de oposición insisten en que presentarán informes disidentes para que el órgano extrapoder no sea llevado a juicio político.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de esta comisión especial, Gustavo Sánchez, recalcó que las irregularidades en las que incurrieron los titulares de la entidad fiscalizadora no son tan graves como para recomendar un juicio político que los inhabilitaría a ocupar cargos públicos por 10 años.
«Yo siento que lo peor que puede existir es la condena de un inocente, liberar a un culpable es menos lesivo que condenar a un inocente. Por tanto condenar a una gente que no le vemos faltas graves a que no pueda ocupar cargos públicos por 10 años por una investigación que no dio exactamente con los argumentos para eso , nosotros consideramos que era una injusticia y no estamos de acuerdo», manifestó Sánchez.
De su lado, Sócrates Pérez, también consideró como injusto que se pretenda inhabilitar a los miembros de la Cámara de Cuentas por 10 años cuando posiblemente se le pueda sancionar con otros tipos de medidas.
Agregó además, «Yo entiendo que no se ha hecho las investigaciones suficientes para hacerle un juicio político e inhabilitar a esas personas por 10 años, con lo que quedarán marcados para toda su vida».
Sócrates Pérez, reiteró que detrás de la recomendación de que el pleno del órgano fiscalizador sea sometido a un juicio político hay un interés del Gobierno que busca «blindarse» por los próximos años, creando una nueva Cámara de Cuentas.
Estos señalamientos de Pérez encontraron la objeción del diputado por el partido oficialista Frank Ramírez, quien le respondió diciendo que ni «el PLD verde ni el PLD morado son opciones de poder ahora mismo para ganar las elecciones».
Asimismo añadió que la oposición está utilizando el tema de la Cámara de Cuentas como argumento en acto de desesperación por ganar las elecciones de este 2024.
En tanto el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, declaró que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, debió esperar que la comisión especial rindiera el informe ante el hemiciclo para dar declaraciones, ya que con su exposición condenó a los miembros del órgano auditor.
Este pasado jueves el presidente de la Cámara Baja, reveló algunas de las faltas graves que cometieron los titulares de la Cámara de Cuentas y responsabilizó a la oposición de que la misma continúe a pesar de esto, negándose a votar por un informe favorable para que sean sometidos a un juicio político.
