La Cámara de Diputados completó este miércoles, tras una sesión de casi cuatro horas, la aprobación en segunda lectura del proyecto que modifica el Código Procesal Penal (CPP), una iniciativa que ahora supera los 500 artículos y que debía ser conocida con carácter de urgencia antes del 11 de diciembre, según dispuso el Tribunal Constitucional.
El presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, calificó el proceso como “una labor titánica”, destacando que la pieza fue estudiada y votada en un tiempo récord desde que llegó al Congreso hace casi un mes. Con la aprobación, el proyecto pasa al Senado, que deberá conocerlo también en dos lecturas. Si no sufre cambios, será remitido posteriormente al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La discusión más controversial ocurrió en torno al artículo 211, sobre la designación de peritos. En la primera lectura, la Cámara había retirado al Ministerio Público la facultad de designar expertos en la fase preparatoria, lo que generó posiciones enfrentadas.
El diputado Julio César Beltré defendió que el Ministerio Público mantuviera la facultad, señalando que así ocurre en códigos de referencia como el de Colombia. En contraste, Eugenio Cedeño insistió en que devolverle ese poder sería “otorgar demasiada autoridad” a la Fiscalía.
Al intervenir, Pacheco defendió la necesidad de que el Ministerio Público pueda designar peritos en investigaciones urgentes, como evaluaciones médico-legales en casos de agresión sexual, recordando que el CPP vigente establece un modelo equilibrado: peritos designados por la Fiscalía en la fase preparatoria y por jueces en la jurisdiccional.
Su posición prevaleció, y el artículo 211 fue regresado a su redacción original del CPP de 2015.
Otros ajustes incluidos
Los diputados también restablecieron el texto original del artículo 215 y de uno de sus numerales relacionados con funciones del Ministerio Público.
En cuanto a la prescripción de los delitos, sí fue introducida una modificación relevante: a partir de ahora, no bastará con que el Ministerio Público solicite una medida de coerción para interrumpir la prescripción; será necesario que un juez imponga efectivamente la medida, buscando evitar solicitudes sin fundamento.
El presidente de la Comisión de Justicia, Wandy Batista, explicó que también se preservó el esquema vigente para peritajes urgentes, argumentando que el modelo aplicado desde 2002 ha funcionado sin generar conflictos mayores.
La pieza seguirá ahora hacia el Senado, que tiene poco más de una semana para completar su estudio y aprobación antes del plazo constitucional.
