Estados Unidos analiza imponer nuevas sanciones económicas a Nicaragua, que incluirían la suspensión de beneficios a las exportaciones y la aplicación de aranceles de hasta un 100%. La medida responde a reiteradas violaciones de derechos laborales y humanos documentadas por la Oficina del Representante Comercial (USTR), según un informe oficial divulgado este lunes.
El informe señala que “Nicaragua lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa”. Estas políticas, añade el documento, “afectan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”, lo que motivó la activación de la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, que permite al USTR investigar prácticas laborales y comerciales de países socios.
Tras la revisión, la USTR recomienda “suspender la aplicación total o parcial de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua, incluyendo las concesiones arancelarias”.
La oficina estadounidense argumenta que las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “irrazonables y perjudiciales para el comercio estadounidense”, por lo que el USTR ha propuesto una serie de medidas de respuesta. Estas incluyen la suspensión inmediata o gradual de los beneficios del CAFTA-DR y la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones nicaragüenses durante un periodo de hasta doce meses.
El documento también subraya las violaciones a los derechos fundamentales, mencionando el acoso a la oposición política y la explotación laboral infantil, señalando que “el 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan”. Además, advierte que “el régimen Ortega-Murillo se dedica a desmantelar el Estado de Derecho en Nicaragua”. Aunque no se fijó una fecha específica, las sanciones podrían aplicarse próximamente.
Mientras tanto, el régimen nicaragüense amplía su alianza con empresas chinas, particularmente en el sector minero. Una reciente concesión de 9.300 hectáreas a la compañía Zhong Fu Development S.A., en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, refuerza la presencia del capital chino en la minería nacional. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, en los últimos dos años el gobierno ha otorgado más de 190.000 hectáreas a Zhong Fu y cerca de 30 concesiones a distintas firmas chinas, que abarcan casi 600.000 hectáreas.
Algunas de estas áreas incluyen la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, un territorio reconocido por su valor ambiental y cultural a nivel mundial, lo que genera nuevas preocupaciones sobre el impacto ambiental de la política extractiva del régimen.
