El gobierno de Donald Trump ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como la obesidad, o de edad avanzada, que puedan representar una carga pública para el país, según KFF Health News.
¿Qué cambios introduce la nueva directriz migratoria de EE.UU.?
El Departamento de Estado de EE. UU. envió una nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados en la que se amplía la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en el país.
Si bien, EE.UU. ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, la nueva directriz instruye específicamente que se «debe considerar la salud del solicitante», según la orden citada por KFF, una organización de noticias especializada en salud.
La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar afecciones, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud.
Además, se instruye a los funcionarios a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno estadounidense.
Desde su primera Administración, Trump y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública.
La Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) había echado abajo varios de las nuevas reglas emitidas en el primer gobierno del republicano sobre la carga pública, que ahora la Casa Blanca retoma como parte de su política migratoria.
La guía también insta a que se considere la salud de los familiares, incluidos los hijos y los padres mayores de los solicitantes.
La nueva directriz de Trump ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de inmigrantes, que la consideran discriminatoria y excluyente.
Argumentan que vincular la salud o la edad con la elegibilidad para una visa de residencia podría afectar de manera desproporcionada a comunidades vulnerables y aumentar las barreras para la reunificación familiar.
Por su parte, defensores de la medida sostienen que busca proteger los recursos públicos y garantizar que los inmigrantes puedan cubrir sus necesidades de salud sin depender del Estado. Analistas destacan que esta política podría ralentizar significativamente el procesamiento de solicitudes y generar un aumento en las apelaciones legales de los solicitantes denegados.
