El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu, presentó este miércoles el informe titulado “Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano”, en el cual denunció lo que definió como un colapso del sistema de protección ambiental en el país, resultado de la incapacidad institucional, la permisividad, la opacidad administrativa y un creciente riesgo para el patrimonio natural de la nación.
Durante la presentación del documento, Abreu sostuvo que «el panorama ambiental dominicano luce muy nublado debido a la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir los mandatos de la ley que lo creó», afirmando que la institución está fallando en su rol constitucional de protección y dejando sin respuesta situaciones que comprometen ecosistemas estratégicos.
Permisología en tela de juicio
Abreu comenzó su exposición abordando lo que calificó como el «primer nubarrón»: la permisología ambiental. Recordó que el Ministerio anunció como logro la emisión de 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, pero posteriormente admitió que más del 60 % correspondían a certificaciones de impacto mínimo.
No obstante, advirtió que aún quedan más de 2,500 autorizaciones sobre las cuales no existe claridad pública respecto a su naturaleza jurídica. “Todavía quedan más de 2,500 autorizaciones de las que no se sabe si son licencias, permisos o constancias ambientales, cada una de las cuales conlleva requerimientos según su impacto”, señaló.
Indicó que desde el 5 de diciembre se solicitó formalmente acceso a esa información sin que el Ministerio haya respondido, lo cual calificó como una violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. En ese contexto, afirmó que el derecho ciudadano permite interponer un recurso de amparo para obligar a las autoridades a rendir cuentas.
“El Ministro debe responder”, enfatizó Abreu, advirtiendo que lo que se observa es “un relajamiento inaceptable de los indicadores y parámetros del sistema de protección de nuestros recursos naturales”.
La contaminación en la presa de Hatillo es un problema significativo que afecta tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. La acumulación de desechos y la presencia de sustancias tóxicas han deteriorado la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de las personas y la biodiversidad de la zona. Es crucial implementar medidas efectivas para reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles que protejan este valioso recurso natural.
Como segundo eje del informe, el titular ambiental de la FP abordó la situación de la presa de Hatillo, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde se ha producido una floración masiva de algas.
«Por segunda vez en tiempos recientes, el agua en la presa de Hatillo ha cambiado de color, apareciendo enturbiada por una alta profusión de lama verde y pastosa, conocida como floración de algas o crecimiento explosivo de estas», explicó.
Abreu cuestionó que, a pesar de que la toma de muestras fue anunciada el 5 de diciembre, más de dos meses después el país aún no cuenta con una explicación oficial. “Más de dos meses después, el Ministerio de Medio Ambiente todavía no le ha dado una respuesta al país, y eso es una muestra de incapacidad para gestionar situaciones que requieren respuestas claras que despejen dudas y ofrezcan soluciones”, sostuvo.
Agregó que la presa cumple funciones estratégicas en la generación de energía, el riego agrícola, la producción piscícola y el potencial abastecimiento de agua potable para la capital. Por lo tanto, la falta de un diagnóstico integral de la cuenca del río Yuna constituye una falla grave en la gestión ambiental.
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El tercer punto del informe se centra en el proyecto de limpieza de sedimentos de la presa de Valdesia, aparentemente ejecutado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Abreu señaló que los miembros de la comunidad del Distrito Municipal Pueblecito-Muchas Aguas han denunciado que la obra se está llevando a cabo abriendo una carretera a través del cauce del río Yubazo, lo que afecta las fuentes de agua que abastecen a varias comunidades.
Según explicó, el permiso ambiental otorgado permitiría intervenciones que violan la franja de protección de 30 metros establecida por ley en los cursos de agua, e incluso penetran directamente en el cauce del río a lo largo de un trayecto de más de seis kilómetros.
El dirigente ambiental solicitó que se publique toda la documentación del proyecto, incluyendo los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones técnicas, la empresa ejecutora y el destino de los materiales extraídos, que, según estimaciones comunitarias, tendrían un valor de miles de millones de pesos.
El litigio sobre el Parque Jaragua.
El cuarto «nubarrón» mencionado por Abreu se refiere a la disputa judicial sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, en el municipio de Oviedo.
Explicó que una empresa obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Administrativo mediante una acción de amparo, lo que podría establecer un precedente peligroso en relación con la protección constitucional de las áreas protegidas.
Abreu afirmó que la Constitución de 2010 establece la supremacía constitucional y la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado, por lo que cualquier reducción de límites en áreas protegidas requiere la aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional.
En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente no presentó en la audiencia los medios probatorios necesarios sobre los límites del parque ni defendió con suficiente claridad la protección constitucional del área, lo que, a su juicio, revela nuevas fallas institucionales.
Riesgo estructural para el patrimonio natural.
Al concluir la presentación, Paino Abreu reiteró que los cuatro casos expuestos no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural.
«El Ministerio de Medio Ambiente está fallando en su rol constitucional de protección», afirmó, señalando que la combinación de incapacidad institucional, permisividad administrativa y falta de transparencia informativa está poniendo en riesgo el patrimonio natural dominicano.
Al finalizar la presentación, Paino Abreu aseguró que la Fuerza del Pueblo dará seguimiento a cada uno de los casos expuestos y acompañará a las comunidades en la defensa de un medio ambiente sano. Advirtió que «otras oscuras nubes ensombrecen el panorama ambiental dominicano» si no se corrige el rumbo actual de la gestión pública ambiental.
