La periodista de investigación Edith Febles dio a conocer que diversas fundaciones, incluida la allegada al senador Félix Bautista, recibieron transferencias millonarias de fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), superando incluso los presupuestos de importantes hospitales públicos.
Según Febles, las transferencias ocurrieron de manera mensual y sin una responsabilidad clara de prestación de servicios de salud a la población beneficiaria, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del manejo de esos recursos públicos.
Febles explicó que los montos entregados a la fundación vinculada a Félix Bautista superaban incluso el presupuesto asignado al hospital público de San Juan de la Maguana, uno de los centros de salud más importantes para la región.
Además, identificó a al menos cinco o seis fundaciones más que recibían dinero directamente desde SeNaSa sin entregar informes ni justificar la prestación de servicios médicos, lo que sugiere un esquema de corrupción estructurado y sostenido.
El reportaje detalla que esta práctica irregular afectó profundamente la salud pública, pues la institución priorizó pagos a organizaciones privadas en desmedro del financiamiento a hospitales públicos que atendían a sectores vulnerables.
Tras la detección de estas transferencias, los desembolsos hacia esas fundaciones fueron suspendidos inmediatamente, lo que ha permitido a SeNaSa mostrar cifras financieras más positivas en los últimos meses, según explicó Febles.
De acuerdo con documentos del Ministerio Público a los que la periodista tuvo acceso mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, varios implicados han confesado haber pagado sobornos millonarios al entonces director de la entidad, Santiago Hazim, y otros funcionarios. El monto del desfalco supera la suma de 15,000 millones de pesos dominicanos, según el expediente judicial.
El Caso SeNaSa, también conocido como Operación Cobra, es una investigación penal de alto perfil en la República Dominicana sobre una presunta red de corrupción administrativa, desfalco y lavado de activos en la aseguradora estatal. El proceso fue iniciado durante el segundo semestre de 2025, tras una auditoría interna que reveló irregularidades significativas.
Expertos en transparencia señalan que este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las instituciones públicas y garantizar que los recursos para salud sean destinados efectivamente a mejorar la atención de la población.
