La actual gestión del Gobierno dominicano, que encabeza el presidente Luis Abinader, ha suprimido hasta el momento 13 entes y órganos estatales, cuyos ingresos están siendo dirigidos a «sectores prioritarios».
Así lo expresó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al encabezar el inicio del seminario sobre «Reforma y Modernización de la Administración Pública».
«Desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, el señor presidente (Luis Abinader) ha emitido 32 decretos, impulsado y promulgado varias leyes, y la CLOE ha producido alrededor de 37 resoluciones instrumentando estos cambios, como consecuencia de los cuales se han suprimido un total de 13 entes y órganos, con ahorros significativos de recursos, que ahora están siendo dirigidos a sectores prioritarios, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables», expresó la vicemandataria.
Entre los órganos que han transformado, disuelto, reducido y transferido a otras entidades, reseñó el Despacho de la Primera Dama, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (Cedeee), el Programa de Visitas Sorpresas, etc.
Plan de reforma del Estado
Peña señaló que como parte del programa de Gobierno de esta gestión y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, procedieron a «diseñar, socializar y poner en marcha un Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública».
Agregó que dicho plan «se fundamenta en un diagnóstico integral sobre nuestros desafíos más relevantes en materia institucional, que nos ha servido de base para identificar y programar un conjunto de acciones estratégicas indispensables para concretar nuestras aspiraciones de un Estado moderno y eficiente».
«Bajo ese plan, a la fecha, hemos instalado procesos de reforma en sectores claves para la producción de bienes y servicios prioritarios, tales como salud, agricultura, industria y comercio, energías y minas, medioambiente, seguridad ciudadana, protección social y otros», señaló.
En ese sentido, la vice gobernante hizo un recuento de todas las acciones que ha tomado está gestión para reformar el Estado.
Burocracia del Estado, un problema de grandes implicaciones
Peña señaló que la burocracia del Estado ha representado un problema de grandes implicaciones, como «elevados costos económicos y sociales, servicios públicos ineficientes y bajos niveles de productividad y competitividad que le cuestan al país más del 4.5% de nuestro PIB».
En ese sentido, destacó las acciones del Gobierno para eliminar la burocracia.
«Señalamos la pequeña revolución que se ha producido en materia de acceso a servicios públicos a través de nuestra iniciativa “Burocracia Cero”, con una proyección que supera los 300 trámites priorizados», dijo.
«Recientemente, hemos puesto en marcha una iniciativa para descentralizar la gestión de servicios básicos a través de la transferencia de competencias de la Administración Central hacia los Ayuntamientos», agregó.
Además, destacó otras acciones que se han tomado, como la puesta en marcha la Firma Gob y del “gob.do”. Esta última funciona como una ventana unificada para canalizar trámites y servicios de una manera rápida y eficiente.
«A la fecha hemos podido poner al alcance de un clic, un total de 1,876 servicios, con un recurso que se complementa con servicios presenciales y servicios telefónicos, dando a cada ciudadano la libertad de escoger cómo quiere ser atendido», sostuvo.
Dice aún persisten dudas sobre calidad de aparato público
Peña indicó que pese a los esfuerzos permanentes del Gobierno por construir mejores instituciones durante estos tres años de gestión, «en la sociedad dominicana todavía persisten dudas razonables y desconfianza con respecto a la calidad y confiabilidad de nuestro aparato público».
«El camino para alcanzar el Estado deseado en esta materia nos presenta todavía muchos retos y desafíos, que sólo podremos enfrentar como sociedad si nos ponemos de acuerdo en una agenda común y unos hitos mínimos, con los cuales todos nos comprometamos, con independencia de posiciones y colores políticos», precisó.
En ese sentido, la funcionaria añadió que «el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública debe ser asumido como una política de Estado, para lo cual es muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».
