El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 2-26, mediante el cual dispuso una serie de nuevas designaciones y derogaciones como parte del proceso de reestructuración del tren gubernamental, con el objetivo de iniciar una nueva etapa de su gestión.
Mediante el artículo 1, el decreto designa a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como ministro de Agricultura, quedando derogado, en su artículo 2, el artículo 15 del Decreto núm. 324-20, del 16 de agosto de 2020.
En el artículo 3, se designa a Gloria Roely Reyes Gómez como ministra de la Mujer, mientras que el artículo 4 deroga el artículo 17 del Decreto núm. 324-20, del 16 de agosto de 2020.
Asimismo, el artículo 5 designa a Mayra Jiménez como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, quedando derogado, mediante el artículo 6, el artículo 1 del Decreto núm. 349-25, del 27 de junio de 2025.
El artículo 7 nombra a Geanilda Vásquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, y el artículo 8 deroga los artículos 1 del Decreto núm. 331-20 y 2 del Decreto núm. 750-22, del 20 de diciembre de 2022.
En tanto, el artículo 9 designa a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que el artículo 10 deroga el artículo 3 del Decreto núm. 329-20, del 16 de agosto de 2020.
El artículo 11 dispone el envío del decreto a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y al Ministerio de Administración Pública, para su conocimiento y ejecución.
Al referirse a estos cambios, el presidente Luis Abinader expresó que “iniciamos una nueva etapa de nuestro gobierno, con la aspiración de dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos”, señalando que estas decisiones forman parte de un proceso de designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que le acompañan en su gestión.
El mandatario recordó que este proceso comenzó con las designaciones del doctor Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y del doctor Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, marcando el inicio de una serie de ajustes orientados al fortalecimiento institucional del Gobierno.
