La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana impuso este viernes 12 meses de prisión preventiva contra Samayra del Rosario Barreto, hija del reconocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), por su presunta vinculación a una red de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo.
La medida también fue dictada contra Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero Milián, señalados como parte del mismo entramado delictivo. Los hombres cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, mientras que las mujeres fueron enviadas a la cárcel pública de La Altagracia.
La audiencia, que se extendió por más de 15 horas, estuvo encabezada por la magistrada Margarita Cristo Cristo, quien acogió la solicitud del Ministerio Público ante la gravedad de las imputaciones.
Operación Guepardo: una red de estafa millonaria
Los implicados fueron arrestados el pasado 2 de octubre, durante allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana. Según la acusación, formaban parte de una red que habría defraudado a más de 122 personas y al Estado dominicano, obteniendo alrededor de 18 millones de dólares mediante la venta de proyectos inmobiliarios ficticios.
El Ministerio Público detalla que los acusados operaban bajo la empresa Novasco Real Estate, S.R.L., utilizada como fachada para el lavado de activos, y que incluso adquirieron la franquicia REMAX ONE para aparentar legalidad y credibilidad ante las víctimas.
Entre los supuestos proyectos falsos figuraba el “Romana Victoriana Residences”, un complejo de lujo inexistente que se ofertaba a precios atractivos para captar inversionistas.
Cada miembro de la red cumplía un rol específico:
- Loana Paola Guerrero Milián fungía como contable.
- Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, presuntamente intimidaba a las víctimas.
- Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto actuaban como master brokers, encargadas de la promoción y captación de clientes.
Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, propiedades, documentos societarios, aparatos electrónicos y joyas, todos presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.
El Ministerio Público adelantó que solicitará la declaración de caso complejo debido a la magnitud del fraude y la cantidad de víctimas afectadas.
