El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de coerción de prisión preventiva en contra de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado por la muerte de una mujer y las heridas provocadas a otras cinco personas durante un violento incidente ocurrido el pasado 23 de julio en un edificio de apartamentos del sector Naco.
La decisión fue tomada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien además fijó para el 15 de enero de 2026 el inicio de la audiencia preliminar del caso. El imputado permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 de Higüey (Anamuya), donde cumple la medida impuesta inicialmente por la Oficina de Atención Permanente.
El expediente del Ministerio Público detalla que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar al edificio, encontraron a Pumarol Fernández armado con cuchillos y en una conducta extremadamente violenta. Fue arrestado en flagrante delito luego de ser reducido por los agentes, con apoyo del Ministerio Público.
Durante el ataque, perdió la vida Yolanda Handal Abugabir, mientras que resultaron heridos Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, según establece la acusación.
La procuradora fiscal Vidalis Mora sostiene la imputación por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican y agravan el homicidio voluntario; el artículo 2, sobre tentativa de homicidio; y el artículo 309, relativo a heridas y violencia voluntaria.
Las investigaciones indican que el imputado irrumpió de manera violenta en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, atacando de forma indiscriminada a los residentes.
Por otro lado, la familia del acusado expresó su respaldo a la decisión del tribunal de mantenerlo en el CCR-14 de Anamuya, destacando que el centro dispone de un pabellón especializado para personas con condiciones psiquiátricas. En un comunicado, afirmaron que Pumarol Fernández fue diagnosticado hace años con una condición mental y que se encontraba bajo tratamiento, lo que le había permitido llevar una vida estable durante más de una década.
“Lo más importante para nosotros es que Jean Andrés pueda preservar su salud física y mental mientras enfrenta este proceso. El hecho de que haya sido enviado a un centro con un área especializada en salud mental confirma que existe una condición psiquiátrica que debe ser tratada con responsabilidad y cuidado”, expresó la familia.
Con la ratificación de la medida y la fecha fijada para la audiencia preliminar, el caso avanza hacia una nueva fase judicial que podría definir la responsabilidad penal del imputado en uno de los hechos violentos más impactantes ocurridos este año en la capital.
