La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Yaritza Cabral, impuso este martes una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci, procesadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció por ahogamiento durante una excursión escolar.
En el caso de la cuarta imputada, Gisela González Estrella, coordinadora general del centro educativo, la magistrada otorgó libertad simple, decisión que generó inconformidad entre las autoridades acusadoras y los familiares de la menor.
Ministerio Público y familia reaccionan
Tras conocerse el fallo, la magistrada Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público, afirmó que la resolución no satisface las expectativas de la acusación y adelantó que será recurrida tan pronto reciban la notificación oficial del tribunal.
Los abogados de la familia de Stephora, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron las medidas de coerción como insuficientes y denunciaron que los “verdaderos directivos” del colegio quedaron fuera del proceso. Sostienen que existió una cadena de negligencias, iniciada con la organización de una actividad sin protocolos de seguridad adecuados y con acompañantes que no contaban con capacitación para manejar situaciones de riesgo.
Nueva querella contra administradores y encargados de la hacienda
Más temprano, los representantes legales de la familia depositaron una querella y una nueva solicitud de coerción contra los administradores del colegio y contra los responsables de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras conocerse el informe de peritos que certifica que el lugar no tenía las condiciones necesarias para recibir niños en una actividad recreativa.
“No descansaremos hasta que haya justicia”
Visiblemente afectada, la familia de Stephora reiteró que no descansará hasta que “los verdaderos responsables enfrenten a la justicia”, advirtiendo que no permitirán que el caso quede impune ni que se encubra a quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad de la menor.
Las imputadas
Las directivas a quienes se les impuso o conoció medida de coerción son:
Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario
Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa
Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general
Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora
