Miles de personas respondieron este domingo a la convocatoria de una amplia coalición de organizaciones sociales, activistas y ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, concentrándose frente al Palacio Nacional para exigir la aprobación de un Código Penal que garantice justicia, equidad y dignidad para todas las personas en la República Dominicana.
La manifestación, realizada en un ambiente pacífico y contundente, dejó claro que una parte importante del pueblo dominicano rechaza la versión del Código Penal que se estudia actualmente en el Congreso Nacional, por considerar que protege a corruptos y agresores, y excluye derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Durante la jornada, voceras de la coalición expresaron que “lo que se nos prometió como una reforma moderna y justa, adaptada a los tiempos que vivimos, ha resultado ser un documento que, lejos de avanzar, perpetúa omisiones históricas, abre puertas a la impunidad y atenta contra los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.”
Asimismo, se denunció que el proyecto actual, criminaliza el derecho a la protesta social, permitiría que prescriban delitos de corrupción contra el Estado, exime de responsabilidad jurídica a partidos políticos y alcaldías, hace prescribir delitos de abuso sexual infantil, otorga inmunidad penal a representantes de iglesias y niega a las mujeres y niñas el derecho a decidir sobre su salud y su vida, al excluir las tres causales para la interrupción del embarazo, entre otros aspectos.
Las organizaciones participantes recordaron que el actual Código Penal, vigente desde 1884, penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, condenando tanto a las mujeres como al personal médico que lo practique, incluso en situaciones extremas como violación, riesgo para la vida o malformaciones del feto incompatibles con la vida.
También señalaron que esta reforma representa una traición a las promesas de campaña del presidente Luis Abinader, quien aseguró en 2020 que impulsaría una legislación que garantizara los derechos de las mujeres y la inclusión de las tres causales. “A casi seis años de gobierno, no solo no ha cumplido su promesa, sino que respalda una propuesta peligrosa y regresiva”, afirmaron.
La coalición convocante hizo un llamado firme al Congreso Nacional y al presidente de la República para que se escuchen las demandas legítimas de la sociedad civil y se introduzcan las modificaciones necesarias para que el nuevo Código Penal responda a los estándares del siglo XXI.
Recordaron que estas demandas han sido expresadas de forma sistemática, especialmente durante las vistas públicas realizadas en la legislatura anterior, y que representan el sentir de amplios sectores sociales que aspiran a una justicia realmente inclusiva, moderna y garantista.
“El pueblo habló hoy, y seguirá hablando hasta lograr un Código Penal justo, coherente con los derechos humanos y alineado con los desafíos actuales de nuestra sociedad. Las y los legisladores aún están a tiempo de corregir el rumbo y legislar en favor de todas las personas”, concluyeron.
