Durante la audiencia, la titular de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pidió a la jueza Yanibet Rivas que dicte auto de apertura a juicio al considerar que las pruebas reunidas son suficientes para que el proceso avance a la siguiente fase.
En ese sentido, también solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados con el objetivo de garantizar su presencia durante el proceso judicial. Asimismo, pidió que se imponga impedimento de salida del país a los acusados Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
Durante la lectura de la acusación, Ortiz sostuvo que el riesgo de fuga se mantiene y que la situación procesal de los imputados se ha agravado debido a la fortaleza de las pruebas presentadas por el órgano persecutor.
“Solicitamos que se admitan todos los elementos de prueba incluidos en el expediente acusatorio, ya que fueron obtenidos conforme a las disposiciones legales”, manifestó la fiscal ante el tribunal.
Además de Beras y Gómez Canaán, en el expediente también figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso.
La investigación del Ministerio Público también involucra a varias empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la acusación, las presuntas irregularidades se habrían ejecutado principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa mediante contratos y acuerdos con varias de estas compañías. Las autoridades sostienen que esas operaciones habrían permitido el manejo irregular de recursos públicos y la realización de maniobras vinculadas a lavado de activos.
