Un informe legislativo sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios propone penas de prisión para propietarios que desalojen a inquilinos sin autorización judicial. La normativa, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, busca establecer un marco legal más estricto para proteger los derechos de los arrendatarios en República Dominicana.
Según el artículo 51 del informe, los propietarios, arrendadores o incluso abogados que realicen desalojos sin agotar el debido proceso legal podrían enfrentar entre tres y cinco años de cárcel, además de multas que oscilan entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
La iniciativa fue estudiada por una comisión especial presidida por el diputado perremeísta Amado Díaz y deberá ser conocida próximamente en el hemiciclo para su aprobación o rechazo.
El artículo 52 del mismo proyecto refuerza la protección al inquilino, al establecer que cualquier actuación temeraria contra éstos será debatida en tribunales. En caso de que un abogado o alguacil incurra en abuso, se contemplan sanciones disciplinarias por parte de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General.
La propuesta busca regular de forma más clara los procesos de alquiler y desalojo, con el fin de equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos bajo el amparo de la ley.
