Desde gases lacrimógenos hasta municiones para armas de guerra es parte de lo que según el Ministerio Público se robó la desmantelada red criminal que sustraía municiones de depósitos oficiales para venderlas en el mercado ilegal y en Haití.
El órgano acusador señala en la solicitud de la medida de coerción que la red desmantelada sustrajo 230,340 cápsulas calibre 5.56 mm, las cuales son utilizadas para fusiles, lo que constituyen armas de guerra y no están permitidas a los civiles.
De igual forma indica que la red criminal 82,949 cartuchos calibre 12mm carga 6, 10,404 cartuchos, calibre 12 mm, 26,128 cápsulas calibre 7,62 mm y 489,907 cápsulas calibre 9mm.
Asimismo sustrajeron 230,340 cápsulas calibre 5.56 mm, 117 cápsulas calibre 45 mm, 68,066 cartuchos de gomas para escopeta calibre 12 mm, 59 gases lacrimógenos y 31) proyectiles calibre 37mm.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «los investigados identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios».
La red, supuestamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, utilizaba su posición para desviar proyectiles destinados al uso oficial. Junto a otros oficiales, como el capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, desarrollaron un sistema para sustraer, almacenar y distribuir las municiones, evadiendo los controles establecidos.
Además, se encuentran bajo arresto el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez y Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal, según el Ministerio Público, que pedirá medida de coerción contra los acusados.
Los documentos detallan que las municiones robadas eran vendidas a armerías y particulares sin autorización para poseerlas.
De acuerdo con el Ministerio Público, el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, «acción que fue rápidamente detectada por los investigadores».
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
