El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que desde el 2021 el Gobierno ha pagado más 29 mil millones de pesos en contratos de alquiler de inmuebles, según datos oficiales publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
La organización política considera que estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes.
Los datos fueron ofrecidos en su habitual rueda de prensa de los lunes, en la Casa Nacional Reinaldo Pared, en la que fungió de vocera Zoraima Cuello, integrante del Comité Político, junto a los también miembros de ese organismo Richard Medina, Elías Cornelio, Margarita Pimentel y Robert De la Cruz.
Tras aclarar que estas cifras corresponden únicamente a instituciones del Poder Ejecutivo y descentralizadas, excluyendo a los ayuntamientos y otras entidades del Estado, se observa que no es solo un aumento del gasto de manera descontrolada, sino la ausencia de una visión de país.
Apuntó que, en el 2025, la contratación en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD$5 mil millones para el Gobierno Central, el nivel más alto del período, y al día de hoy existen 865 contratos activos en la Dirección General de Contrataciones.
Añadió que para 2026, se tiene presupuestado un gasto de RD$6,898 millones en alquileres y rentas de edificios y locales.
“El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes”, precisó Cuello.
Mientras se comprometen miles de millones en alquileres, se argumenta que no hay recursos suficientes para la indexación salarial, se aplican aumentos en combustibles a la ciudadanía y persisten limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.
El PLD sostiene que tan grave como esto es que el 80% de dicho gasto se concentra en 20 instituciones públicas, lo cual no solo refleja una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación, y el manejo eficiente de los recursos públicos.
Resalta que a esto se suma un elemento que no puede pasarse por alto: la existencia de contratos adjudicados a proveedores que han sido previamente sancionados por la Dirección General Contrataciones, y por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo.
En ese sentido, expresa que el pueblo dominicano exige explicaciones, revisión y responsabilidad como es el caso del proveedor Kury Limited, que, a pesar de haber sido suspendido por prácticas fraudulentas, mantiene contratos vigentes, según consta en la Dirección General de Contrataciones.
Por tal razón el PLD propone una auditoría integral de los contratos de alquiler del período 2021 a la fecha la formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres y la creación de un inventario único de activos del Estado, que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.
