El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó un incremento de hasta un 50 % en la compensación salarial de sus miembros, lo que eleva el sueldo de su presidenta, Emma Polanco Melo, a RD$635,250 mensuales, mientras que los demás integrantes pasarán a devengar RD$568,646.76.
Polanco Melo, quien percibía RD$423,500, recibirá un aumento de RD$211,750, en tanto que los demás miembros —cuyos salarios eran de RD$379,097.84— verán un incremento de RD$189,548.92.
La medida, con carácter retroactivo a febrero de 2026, coloca a estos funcionarios entre los mejor remunerados del sector público.
Junto con el ajuste salarial, el pleno dispuso la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del bono vacacional, al considerar que estos incentivos no están vinculados al desempeño, la productividad ni al cumplimiento de metas institucionales. No obstante, la resolución no precisa si estas disposiciones aplican exclusivamente a los miembros del pleno o a todo el personal.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución núm. ADM-2026-017, aprobada el 13 de marzo de 2026 y firmada, además de Polanco Melo, por los miembros Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Soto y Griselda Gómez Santana, como parte de una modificación al Manual Unificado de Políticas de Compensación, Derechos y Beneficios.
Según la institución, la actualización busca modernizar el esquema salarial y alinearlo con estándares de eficiencia en la administración pública, reconociendo la dedicación exclusiva y las jornadas extraordinarias propias de sus funciones.
Asimismo, el pleno instruyó a las áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Financiera y de Planificación a ejecutar lo establecido en la resolución, aprobada a unanimidad.
La entidad maneja un presupuesto superior a RD$1,524.2 millones y, hasta marzo, había ejecutado RD$381.1 millones. Para el período 2025-2029 mantiene sus proyecciones de fiscalización.
Cabe recordar que en marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la República Dominicana recomendó someter a juicio político a los entonces miembros del organismo, incluido su presidente, Janel Andrés Ramírez Sánchez, por presuntas faltas graves y violaciones a la Constitución, proceso que finalmente no prosperó.
