El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) ordenar la suspensión inmediata de las actividades proselitistas que, según denuncia, realiza el Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto a varios de sus principales dirigentes, en supuesta violación a la Ley 33-18 sobre Partidos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
En un documento entregado al órgano electoral, el PRD pidió que se prohíban las actividades políticas y se apliquen medidas cautelares contra el PRM y los dirigentes Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), David Collado, Raquel Peña, Víctor D’Aza y Tony Peña Guaba.
Medidas solicitadas por el PRD:
🔹 Que la JCE instruya a la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos a investigar y emitir un informe sobre el uso de fondos por parte del PRM y los dirigentes mencionados.
🔹 Que, mediante resolución, se ordene de inmediato el cese de todas las actividades proselitistas de dichos dirigentes, garantizando la equidad y respeto a las normativas electorales vigentes.
🔹 Que se prohíba la participación de estos precandidatos en el proceso interno del PRM, como consecuencia de las supuestas infracciones.
🔹 La imposición de medidas cautelares que incluyan la suspensión de actividades políticas, sanciones en salarios mínimos y la retención de fondos públicos al PRM.
La instancia fue depositada por una comisión de altos dirigentes del PRD, incluyendo a Peggy Cabral, Héctor Guzmán, Carlos Dicló, José Juan Zapata, Fernando Pérez Volquez, Henry Blanco, Geraldo Valdera, Ridel Méndez, Juan Ramón Vásquez, Luis López, Martín Hidalgo y Jacinto Santos, quienes fueron recibidos por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y la miembro titular Dolores Fernández.
Román Jáquez acogió el documento con beneplácito y aseguró que lo someterá al Pleno del organismo para posteriormente dar a conocer la decisión al respecto.
El PRD reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y las leyes electorales, subrayando la necesidad de que la JCE actúe con firmeza para proteger la institucionalidad y el marco legal en el proceso electoral.
