La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó el compromiso de su gestión para hacer cumplir la ley que regula ese proceso judicial que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito, avanzar en el fortalecimiento de la transparencia y contribuir al bien común de todos los ciudadanos.
“Nos congrega en este escenario un tema que es de vital importancia, y es que el verdadero pilar de un Estado social y democrático de derecho no es solo la existencia de la ley; la voluntad inquebrantable y la eficiencia al hacerla cumplir son también indispensables en cualquier Estado de derecho”, dijo la procuradora al abordar el tema durante la apertura de la Conferencia Nacional del Ministerio Público sobre Extinción de Dominio
Garantizó que “Desde el Ministerio Público tenemos el firme compromiso de hacer efectiva la Ley de Extinción de Dominio. Por esta razón, el Consejo Superior del Ministerio Público creó la Unidad para las Investigaciones de Extinción de Dominio y designó al magistrado Pelagio Alcántara como su director”.
Destacó que República Dominicana ha dado un salto importante con la citada Ley, la cual más que una simple herramienta procesal, crea un cambio de paradigma en la persecución que tiene una base constitucional dentro del ámbito de la persecución.
El encuentro contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y de la embajada de la República Federal de Alemania en el país.
El procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, tuvo a su cargo, en coordinación la Embajada de Estados Unidos, la organización del evento que contó con la participación de los titulares de las procuradurías regionales, procuradurías especializadas y alrededor de cien fiscales de diferentes jurisdicciones del país.
Camacho resaltó que la extinción de dominio facilitará que el sistema de justicia pueda recuperar bienes obtenidos de forma ilícita sin la necesidad de una condena penal.
“Este instrumento es muy útil para debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales y, por lo tanto, para garantizar una mayor protección de las personas en cuanto al tema de la seguridad y de su patrimonio colectivo respecto a su responsabilidad como contribuyentes con derecho a diversos servicios, como la salud o la educación”, dijo.
