viernes, 7 noviembre, 2025
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Procuradora general resalta necesidad de fomentar acuerdos penales en la administración de justicia

Jaime Rincon

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso resaltó la necesidad de fomentar acuerdos penales por las ventajas procesales que representan para la administración de justicia, ya que, sin dejar de establecer responsabilidades de la persona física o jurídica procesada, permiten la reparación de daños a las víctimas y al propio Estado, al que, además, ahorra recursos en el procesamiento y la litigación.

«La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en nuestro caso no es nuevo; es un asunto en el que hemos trabajado desde la Fiscalía del Distrito. Prácticamente, es una política que adoptamos a partir del año 2013 y que, en su momento, permitió que la Fiscalía del Distrito resolviera hasta un 40 por ciento de los casos», dijo Reynoso.

La procuradora se refirió al tema al participar, junto con el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

En la actividad, que se celebró en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, estuvieron presentes los jueces Fran Soto, Esmirna Gisselle Méndez y Francisco Ortega Polanco.

Reynoso recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizás trascendían poco porque carecían de notoriedad, pero que, como fiscal litigante, siempre ha comprendido la necesidad de llegar a acuerdos en materia penal, tanto por su formación académica como por su visión de una persecución penal estratégica.

«Cuando los plazos se extienden y hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, esa es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión», dijo.

«También —añadió— hay un grupo de fiscales que tiene que asistir a audiencias y esperar cuatro o cinco años para una decisión. Además, existe una sociedad que tiene el derecho legítimo a obtener una resolución.»

Indicó que no se atreve a afirmar que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se resuelva en un plazo razonable”.

Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el país se remonta al año 2004, con la entrada en vigor del Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgado hace ya más de 23 años.

«Entonces, no es algo nuevo. Existen figuras procesales que el legislador ha incorporado en la norma», resaltó.

Reflexionó sobre otros países, como Estados Unidos, donde muchos acuerdos se sellan por una década o más. «Por razones de seguridad, el tribunal dispone que este acuerdo se mantenga sellado durante los próximos dos, tres, cuatro, cinco o diez años, y sanciona a cualquiera de las partes que haga públicas las condiciones del acuerdo, porque el tribunal entiende que podría haber ciertos riesgos si se publica, y la sociedad no lo cuestiona. En el caso de República Dominicana, todos son públicos».

Sostuvo que, aunque la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública han estado trabajando en el tema de manera conjunta, impulsado por la Mesa Interinstitucional creada en septiembre de 2024, también ayudará al sistema de justicia a llevarlo a las universidades.

Nuestros estudiantes de Derecho prácticamente no ven el tema de las soluciones alternas. Nos formamos en escuelas de Derecho donde el centro de la formación es el litigio. Se piensa que hay que pelear el caso, que hay que pasar años litigándolo, y que el buen abogado es aquel que presenta muchos incidentes. Sin embargo, esto puede llevar a situaciones como la que ocurrió el otro día: íbamos a hacer un acuerdo a diez años, pero la otra parte se negó. Al final, ya con una sentencia en mano, cuando el caso llegó a la corte, me dijeron: «Magistrada, vamos a acordar a diez años». Yo respondí: «Con una sentencia a nivel de corte, claro que no vamos a acordar».

Reynoso recordó que los acuerdos se realizan en todas las materias.

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