La Procuraduría General de la República, anunció una sustancial mejora salarial para los peritos forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como para el personal administrativo del Ministerio Público y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El Consejo Superior del Ministerio Público aprobó el aumento durante su Novena Sesión extraordinaria, celebrada el pasado 3 de julio de 2025, como parte de un paquete de medidas orientadas a dignificar las condiciones laborales de estos servidores públicos. El ajuste salarial alcanza al menos un 20 % para el personal administrativo, mientras que los aumentos para técnicos forenses y médicos del Inacif oscilan entre un 33 % y un 82 %, según la función desempeñada.
Nuevas escalas salariales para el Inacif
Con las nuevas medidas, un psicólogo forense pasará a devengar un salario de RD$50,000, lo que representa un aumento de 39 %, mientras que un médico legista recibirá RD$60,000, reflejando un incremento de 82 %.
Además, el salario para un médico forense será de RD$80,000, con un aumento de 46 %, al igual que para el médico patólogo, que recibe un incremento del 33 %. Por su parte, un psiquiatra forense también percibirá RD$80,000, con un aumento del 60 %.
Estas mejoras reconocen el esfuerzo de un personal técnico especializado cuya labor es clave para el sistema de justicia dominicano, y buscan avanzar hacia la dignificación del servicio público y el fortalecimiento institucional.
Incentivos y equidad en funciones clave
Además de los incrementos salariales, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la asignación de incentivos a miembros que ocupan funciones estratégicas, tales como coordinadores, directores de unidades, fiscalizadores con responsabilidades múltiples, inspectores y directores técnicos. También se estableció la equiparación de incentivos para titulares interinos de fiscalías, procuradurías regionales y especializadas, promoviendo la equidad y el respeto institucional.
Estas decisiones, que entran en vigencia desde julio de 2025, han sido posibles gracias a un manejo racional de los recursos disponibles y al compromiso de la Procuraduría General con la mejora continua, la eficiencia institucional y el fortalecimiento de las condiciones laborales del Ministerio Público.
