La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) manifestaron su rechazo al anteproyecto de ley que pretende fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Para los gremios esta propuesta lejos de representar un avance, constituye un retroceso institucional y un serio riesgo para la educación pública dominicana.
Asimismo, dicen que se debilita la autonomía universitaria, se entorpecen los procesos de gestión y se abre la puerta a la mercantilización de un derecho fundamental, como lo es la educación.
En ese sentido, llamaron al presidente Luis Abinader a que desista de introducir este proyecto al Congreso Nacional. En su lugar, solicitaron la apertura de un proceso de diálogo nacional, amplio e inclusivo, que permita discutir, junto a los actores sociales y académicos, las verdaderas necesidades y desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano.
Entre las razones porque la ADP y FAPROUASD rechazan la fusión están: La reducción de la inversión pública en educación, fines privatizadores encubiertos; ausencia de sustento técnico, impacto negativo en la calidad educativa, retroceso en conquistas históricas (la propuesta amenaza dos grandes logros de la sociedad dominicana: el 4% del PIB destinado a la educación preuniversitaria y el 5% del presupuesto nacional para la educación superior). También está en riesgo de pérdidas de derechos y conquistas adquiridas por los docentes y empleados de apoyo a la educación.
En ese orden, las asociaciones exigen la inmediata retirada de este anteproyecto de ley, reclaman la apertura de un proceso de análisis y debate sobre el estado del sistema educativo; convocan a un diálogo inclusivo y transparente que incorpore a todos los actores sociales y educativos, y defienden el fortalecimiento del MINERD y el MESCyT como instituciones independientes, con roles bien definidos y recursos suficientes para cumplir sus mandatos.
Del mismo modo, alertan al pueblo dominicano sobre el grave riesgo de convertir la educación en un negocio, desconociendo su carácter de derecho humano y constitucional.
