La Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (ANIPARD) expresó su respaldo a la Circular Conjunta emitida el 21 de julio de 2025 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual establece nuevos requisitos para asegurar la legalidad y sostenibilidad en el uso de áridos o agregados en proyectos contratados por el Estado.
La disposición busca frenar la extracción ilegal de materiales mediante controles más rigurosos en los procesos de compras públicas. A partir de ahora, los oferentes deberán presentar la autorización ambiental vigente de sus suplidores o, en su defecto, certificaciones del estatus de solicitud junto a la última autorización provisional emitida.
Además, la circular exige incluir en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas de sostenibilidad, así como los últimos Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de proyectos anteriores, los cuales serán considerados como parte de los criterios de evaluación.
Estas nuevas medidas están alineadas con estándares internacionales de integridad institucional, como los de la OCDE y la norma ISO 37301 sobre cumplimiento normativo.
Una respuesta a la informalidad y al deterioro ambiental
ANIPARD calificó la normativa como un paso decisivo para combatir la informalidad, la competencia desleal y la depredación ambiental, especialmente en zonas vulnerables como ríos y costas.
“No puede haber desarrollo sostenible ni obra pública responsable sin una cadena de suministro legal y ambientalmente autorizada”, afirmó Carlos Constanza, presidente de ANIPARD.
Destacó que, por primera vez, se establece un criterio uniforme para verificar el origen lícito de los áridos utilizados en obras financiadas con fondos públicos.
Marco legal y beneficios concretos
La circular conjunta se enmarca dentro de un robusto sistema normativo que incluye la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, el Decreto 617-22 sobre Compras Públicas Sostenibles, la Política Nacional de Compras Verdes, la Ley 123-71 que prohíbe la extracción de arena, grava y piedra de forma no regulada, así como la Ley 146-71 de Minería, el Decreto 309-23 sobre tarifas ambientales y la Resolución 0025/2024 sobre evaluaciones ambientales.
Entre los principales beneficios de la disposición, ANIPARD resaltó:
• Prevención efectiva de la extracción ilegal.
• Trazabilidad y control sobre los materiales usados en obras públicas.
• Reducción de la discrecionalidad en la aplicación de la ley.
• Mayor transparencia en la gestión estatal.
• Estímulo a la formalización del sector y protección de los actores que cumplen con la ley.
Además, la medida contribuirá a:
• Proteger ecosistemas frágiles de la actividad extractiva ilegal.
• Mejorar la calidad de las obras públicas.
• Fomentar una cultura de cumplimiento tanto en contratistas como en entidades estatales.
• Alinear las políticas nacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 16 sobre instituciones eficaces y responsables.
Compromiso con una minería responsable
ANIPARD reiteró su compromiso con una minería no metálica legal, técnica y ambientalmente responsable. La institución se puso a disposición de las autoridades para colaborar en la socialización, implementación y verificación del cumplimiento de la normativa.
