El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, propuesta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco.
Esta ley tiene el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda conducta, acto, actuación u omisión de la Administración Pública; y regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo, así como el proceso contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República.
La propuesta destaca que el proceso contencioso administrativo se rige por principios de derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación supletoria y excepcional del derecho procesal civil, siempre que sea compatible con la naturaleza propia del proceso contencioso administrativo, y solo cuando los principios propios del derecho administrativo no sean suficientes para resolver la cuestión que se plantee.
La Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene la facultad de revisar y controlar todo tipo de actividad o inactividad administrativa desplegada por cualquiera de los sujetos descritos en el artículo 7. no existen actuaciones u omisiones exentas del control judicial.
Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a acceder a los órganos de esta jurisdicción para hacer valer con efectividad sus derechos e intereses, incluso los de carácter colectivo o difuso.
