viernes, 16 enero, 2026
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Suprema Corte ordena ejecución de sentencia contra Rosa Amalia Pilarte

La Suprema Corte de Justicia envió al juez de Ejecución de la Pena de La Vega el expediente de Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para dar cumplimiento a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Con esta remisión, corresponde ahora al Ministerio Público solicitar formalmente al juez la ejecución de la sentencia, que establece su ingreso al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Según trascendió, un agente ministerial acudió al domicilio de Pilarte para notificarle la decisión, pero esta se habría negado a recibir la notificación. No obstante, la sentencia ya fue comunicada tanto a sus abogados defensores como a la Procuraduría General de la República.

La resolución, emitida el pasado 29 de agosto, rechazó de manera íntegra el recurso de casación presentado por la defensa y ratificó la culpabilidad de Pilarte bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además de la pena privativa de libertad, la exlegisladora fue condenada al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.

El alto tribunal también ordenó el decomiso de varios bienes inmuebles ubicados en La Vega a favor del Estado dominicano. Entre las propiedades confiscadas figuran terrenos y construcciones de diferentes tamaños, incluyendo un inmueble de más de 1,400 metros cuadrados, una parcela de más de 28,000 metros cuadrados, un local comercial y otras edificaciones.

La sentencia destaca que Pilarte no logró desmontar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales establecieron que entre los años 2003 y 2021, manejó más de RD$4,400 millones en sus cuentas bancarias, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese período.

El órgano acusador había solicitado originalmente que la exdiputada fuera sentenciada a 10 años de prisión, pero el fallo final del tribunal impuso una pena de cinco años, ahora firme y en proceso de ejecución.

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