El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto las normas que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al considerar que dichas disposiciones violaban derechos fundamentales. Mediante la sentencia TC/1225/25, el órgano declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285 que rige el Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 de la Ley 3483 relativo al Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.
Ambos artículos establecían sanciones de seis meses a un año de prisión correccional para oficiales que incurrieran en “sodomía”, definida en las leyes como relaciones entre personas del mismo sexo. Para el Tribunal, estas normas resultaban contrarias al principio de razonabilidad y suponían una discriminación injustificada hacia personas homosexuales. En la sentencia, la alta corte señaló que estas disposiciones vulneraban la intimidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de los miembros de ambas instituciones castrenses, por lo que ordenó su eliminación del orden jurídico.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, quienes sostuvieron que las sanciones establecidas se basaban únicamente en la orientación sexual y, por tanto, contravenían la Constitución. Su postura fue respaldada por la Procuraduría General de la República y el Senado, ambos coincidiendo en que las normas no se ajustaban al marco constitucional vigente ni a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el país. La Cámara de Diputados, en cambio, optó por no pronunciarse de manera específica. Además, siete organizaciones jurídicas participaron como amicus curiae, aportando argumentos para reforzar la necesidad de derogar dichas disposiciones discriminatorias.
