El Ministerio Público aseguró este viernes que está listo para sustentar su acusación en el nuevo juicio contra el pelotero Wander Samuel Franco Aybar, con la intención de que se imponga una pena mayor acorde —según sostiene— con la gravedad de los hechos atribuidos, vinculados a presunto abuso psicológico y sexual contra una adolescente.
El proceso fue reprogramado para el 30 de marzo en el Distrito Judicial de Puerto Plata, luego de que el tribunal acogiera un pedimento de la defensa de la madre de la menor y aplazara la audiencia que estaba prevista para este viernes.
Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán indicaron que cuentan con las pruebas y testigos necesarios para iniciar la fase de presentación probatoria, y adelantaron que procurarán sanciones más severas en esta nueva etapa.
Tribunal fija nuevas fechas
El Tribunal Ad Hoc de Puerto Plata, presidido por el juez José Ramón Núñez e integrado por las magistradas Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, dispuso el aplazamiento para permitir a la defensa citar a sus testigos. Además, agendó audiencias para los días 31 de marzo y 1 de abril de 2026.
La celebración de un nuevo juicio fue ordenada en diciembre por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, tras examinar los recursos interpuestos por las partes —incluido el del Ministerio Público— contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2025.
Sentencia inicial
En primera instancia, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a Franco Aybar a dos años de prisión con suspensión condicional, al pago de 10 salarios mínimos y a las costas penales, tras declararlo culpable de violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, que regula la protección de niños, niñas y adolescentes.
La decisión incluyó la prohibición de acercarse a menores con fines sexuales y estableció que, de incumplir las condiciones impuestas, la pena sería ejecutada en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
Condena a la madre de la adolescente
En el mismo proceso, la madre de la víctima fue sentenciada a 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, tras ser hallada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
El tribunal ordenó también el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos, el decomiso de bienes —entre ellos un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo modelo 2023, depósitos bancarios y sumas en efectivo en pesos y dólares— así como el pago de las costas penales.
Con la reapertura del juicio, el Ministerio Público busca que el tribunal reevalúe las pruebas y testimonios para determinar si procede la imposición de sanciones más rigurosas.
