El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desestimó este viernes la acusación presentada por el Ministerio Público contra Marisol Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta, alias «El Abusador», y otros imputados por su supuesta vinculación con el robo de bienes incautados por el Estado dominicano en el marco de investigaciones sobre actividades ilícitas.
El tribunal, presidido por la jueza suplente Franchesca Rosalva Potentini, destacó la falta de pruebas que vincularan directamente a Franco con los objetos robados. La corte también subrayó la ausencia de evidencia que demostrara su participación en un supuesto grupo de malhechores, ni información relevante extraída de los teléfonos incautados.
Además de Franco, el tribunal dictó no ha lugar a favor de los imputados Juan Antonio Polanco Martínez, Mario Salvador Chávez Tavárez, Gregory y Steven Almonte Felipe (alias «Jabao»), quienes eran procesados por su presunta implicación en un robo agravado de mobiliario en el apartamento No. 12 del Condominio Blue Tower.
El Ministerio Público acusaba a los imputados de asociarse con César Emilio Peralta Núñez, alias «Bombón», hijo de «El Abusador», para sustraer una serie de bienes incautados por el Estado, incluidos muebles, electrodomésticos de alto valor y una exclusiva colección de vinos y licores finos. Estos bienes estaban bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR) en un almacén.
La acusación se originó a raíz de una inspección realizada por Orlando M. Ferreras, representante legal de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la PGR, quien detectó cambios en las cerraduras del inmueble y la desaparición de los bienes. Durante la investigación, se reveló que el acusado Mario Salvador Chávez habría contratado los servicios de una empresa de mudanzas para trasladar los objetos sustraídos, bajo instrucciones de «Bombón».
A pesar de las alegaciones del Ministerio Público, la jueza determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar la participación de los acusados, por lo que ordenó el cese de cualquier medida de coerción contra ellos. La decisión puede ser apelada, conforme al Código Procesal Penal.
