La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, denunció que el Gobierno ha convertido la excepción en norma, al emitir tres decretos de emergencia nacional en apenas seis meses, el más reciente habilitando a 23 instituciones para contrataciones excepcionales tras el huracán Melissa, pese a que los datos oficiales contradicen la magnitud de la declaratoria.
“Cuando todo es emergencia, nada es emergencia. Y cuando se gobierna por decreto excepcional, se pierde la previsibilidad institucional”, expresó Cuello en un artículo publicado en el periódico Acento, donde advierte que este patrón tiene consecuencias económicas importantes para el país.
La dirigente presentó datos oficiales que cuestionan la amplitud del decreto 627-25, entre ellos:
–EdeEste restableció el 96% del servicio en 48 horas.
–EdeSur reportó “estabilidad histórica” del sistema.
–EdeEste ejecutó acciones preventivas, no correctivas.
-El Banco Agrícola calificó los daños como “limitados y localizados.”
“No hubo colapso del sistema eléctrico. Entonces, ¿por qué declarar en emergencia a 23 instituciones, incluyendo Turismo? ¿Y por qué el sector eléctrico está en emergencia dos veces en dos meses sin que se conozca un informe del primer decreto?”, cuestionó Cuello.
Citando estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, la vicepresidenta del PLD alertó que las contrataciones públicas sin planificación pueden incrementar los costos hasta en un 50%, mientras que los países con alta discrecionalidad en el gasto público presentan menor inversión extranjera directa, menor eficacia gubernamental y menor calidad regulatoria.
Cuello propuso tres medidas inspiradas en buenas prácticas internacionales para garantizar transparencia y eficiencia en situaciones de emergencia:
1. Tablero Digital de Ejecución Pública: plataforma en línea donde cada institución publique en tiempo real qué compra, a quién y con qué fondos.
2. Mapas de Daños Técnicamente Verificables: toda contratación debe sustentarse en diagnósticos del COE, Inapa o el MOPC, con geolocalización. “Sin evidencia técnica publicada, no debería haber compra autorizada.”
3. Auditoría Obligatoria Post-Emergencia: ningún decreto de emergencia debe concluir sin un informe público de gastos y auditoría independiente.
La dirigente política y académica solicitó al Gobierno un plan de ejecución detallado del decreto 627-25, con cronograma y presupuesto desglosado, así como un informe público del decreto 517-25, antes de aprobar nuevos gastos en el mismo sector.
“Un país que solo reacciona no progresa: sobrevive. Y nosotros aspiramos y merecemos prosperar”, afirmó. “Preguntar no es oposición, es ciudadanía activa. Fiscalizar no es obstruir, es proteger el interés colectivo”, expuso.
