A partir del próximo 15 de diciembre, los consumidores que acudan a supermercados, colmados, farmacias y otros establecimientos comerciales deberán pagar por las bolsas que utilicen para empacar sus mercancías. La disposición forma parte de la aplicación de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, normativa orientada a disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y promover el empleo de empaques reutilizables.
La entrada en vigencia de esta regulación ha generado opiniones divididas entre las autoridades ambientales, el sector comercial y los compradores.
Medio Ambiente descarta prórrogas
El viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, manifestó su rechazo a cualquier intento de postergar la fecha de inicio, argumentando que desde el año 2020 los distintos sectores han contado con un margen de tiempo suficiente para adecuarse.
Aunque cuestionó que las campañas educativas previstas en la ley no se ejecutaran con la celeridad esperada —lo que explica que parte de la población y del comercio alegue desconocer la norma—, Reyes advirtió que seguir retrasando su cumplimiento agravaría el impacto ambiental. El funcionario subrayó que gran parte de estas fundas terminan en las costas y océanos, contaminando playas y poniendo en riesgo la fauna marina que las ingiere.
Preocupación en los colmados
En el comercio detallista, la medida ha tomado por sorpresa a varios propietarios de colmados, quienes aseguran no estar listos para la transición. El comerciante Ángel Montero señaló que las bolsas plásticas siguen siendo mucho más rentables que las de papel para los pequeños negocios que despachan mercancía variada.
Según explicó, un paquete con menos de 50 fundas de papel ronda los 35 pesos, mientras que un fardo de 100 fundas plásticas resulta más económico. Ante ese panorama, sugirió que los clientes acudan a comprar con sus propios bultos o bolsas reutilizables.
Respaldo entre consumidores
Por el contrario, diversos compradores consultados en supermercados expresaron su apoyo a la iniciativa. Los ciudadanos coincidieron en que el cobro incentivará el uso de bolsas de tela y ayudará a mitigar tanto la contaminación general como el taponamiento de imbornales y las inundaciones que provocan los desechos plásticos durante las temporadas de lluvias.




