La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que ha dejado sin efecto de manera preventiva 81 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a funcionarios electos y designados durante 2026, como parte de la implementación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
La entidad indicó que entre las medidas adoptadas se encuentra la inhabilitación de los registros correspondientes a 11 senadores, ejecutada el pasado 30 de junio, en cumplimiento del nuevo régimen de incompatibilidades, que impide a ciertos servidores públicos mantener vínculos contractuales con el Estado mientras ejerzan sus cargos.
La DGCP enfatizó que estas decisiones no representan sanciones ni castigos administrativos, sino medidas preventivas dirigidas a proteger la transparencia del Registro de Proveedores del Estado y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
La Ley 47-25, que comenzó a aplicarse en enero de 2026, dispone en su artículo 38 que los funcionarios electos y designados no pueden poseer participación accionaria en empresas que suministren bienes o servicios al Estado, sin importar el porcentaje de acciones. De igual manera, les prohíbe desempeñarse como directivos, gerentes o integrantes de consejos de administración de esas compañías.
El organismo recordó que la antigua Ley 340-06 permitía a funcionarios de primer y segundo nivel, incluidos los legisladores, conservar una participación de hasta un 10 % en empresas proveedoras del Estado.
Como parte del proceso de adecuación a la nueva normativa, la institución emitió el 13 de febrero la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros.
Tras concluir ese período, la DGCP procedió a aplicar las suspensiones de oficio, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26. En total, la institución ha emitido tres resoluciones administrativas mediante las cuales ordenó la inhabilitación de los 81 registros.
Asimismo, la entidad reveló que entre 2020 y 2025 fueron inhabilitados de oficio 591 registros de proveedores pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel, autoridades municipales electas y empresas relacionadas, en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la entonces vigente Ley 340-06.
La DGCP aseguró que continuará realizando cruces de información, verificaciones y procesos de debida diligencia para impedir que personas legalmente impedidas formen parte de los procesos de contratación pública, reforzando así la transparencia y el correcto manejo de los recursos del Estado.
