La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este jueves que la orden de libertad del señor Gerardo Luis fue ejecutada el mismo día en que fue emitida por el tribunal correspondiente que llevaba su caso, ubicado en El Seibo.
«El privado de Libertad, quien guardaba prisión preventiva en la cárcel de El Seibo, acusado de haber violado los artículos 379 y 401, que tipifican como un ilícito el robo, se ejecutó de manera inmediata», indicó la entidad mediante una nota de prensa.
El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández, dijo que, luego de su depuración, el pasado 13 de mayo de este 2024, se cumplió con la otorgación de su libertad.
Hernández señaló que, la dependencia bajo su cargo, actúa con el debido respeto de las normas procesales, cuando se trata de internos que concluyen sus condenas y obtienen su orden de libertad emitida por el tribunal correspondiente.
Además, señaló que esa dirección trabaja cada día para lograr que no se vulneren los derechos de los privados de libertad, que se encuentran en los diferentes centros.
En un comunicado emitido por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, se aclaró que en los archivos de esa dirección reposan los documentos que avalan que dicho interno fue liberado el pasado 13 de mayo del presente año.
Dgspc dijo que existe un protocolo exhaustivo de supervisión para evitar que pudieran ocurrir este tipo casos.
«En lo que compete al exinterno Gerardo Luis no es el caso», afirmó la institución.
Sobre los otorgamientos de órdenes de libertad
La Dirección General de Servicios Penitenciarios manifestó que da ingreso a los privados de libertad solamente por orden judicial motivada y escrita, asimismo es vital para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los casos de las personas recluidas. De igual manera, la ejecución de las libertades también está sujeta a este mismo protocolo.
Manifestó que todo este proceso está en conformidad con las disposiciones legales establecidas en el artículo 77 del Código Procesal Penal, así como, en la Resolución 1732 de la Suprema Corte de Justicia.
Agregó que es un deber de las autoridades judiciales notificar de manera oportuna y precisa las decisiones tomadas por los tribunales, asegurando así que todos los procedimientos se ejecuten en estricto cumplimiento de la ley.
