El legislador Rogelio Alfonso Genao presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reemplazar la Ley 87-01 de Seguridad Social, reducir las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), limitar los gastos de las AFP y las administradoras de riesgos de salud (ARS), y ampliar la cobertura médica de los afiliados.
La iniciativa, denominada Ley Orgánica del Sistema Dominicano de Seguridad Social, propone reducir progresivamente la comisión máxima de las AFP hasta situarla en un 0.40 % en 2036, además de eliminar los copagos en servicios de emergencia, prevención, embarazo y parto.
«El ahorro de las pensiones es de los trabajadores, no de quienes lo administran. Las AFP pueden tener un negocio razonable, pero no a costa de pensiones más bajas», expresó Genao al explicar los objetivos de la propuesta.
El proyecto establece una comisión única que abarcaría los costos de administración, inversión y custodia de los fondos. La reducción comenzaría en un 0.85 % del saldo administrado en 2027 y disminuiría 0.05 puntos porcentuales cada año hasta alcanzar el 0.40 % en 2036.
De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) citadas en el documento, las AFP registraron ganancias de RD$5,933.8 millones durante 2025, con una rentabilidad sobre su patrimonio del 24.9 %, superior al 17.7 % reportado por la banca múltiple.
En ese mismo período, sus gastos operativos ascendieron a RD$7,198.4 millones. Por cada RD$100 recibidos en comisiones, las administradoras destinaron RD$62 a gastos de funcionamiento, frente a los RD$48 registrados en 2020.
La propuesta cuestiona el crecimiento de estos costos y señala la necesidad de fortalecer la transparencia para que los afiliados puedan evaluar cómo se utilizan los recursos que aportan al sistema.
En ese sentido, plantea limitar los gastos comerciales de las AFP al 10 % de sus ingresos por comisiones, así como exigir una mayor justificación y divulgación de sus gastos.
Para las ARS, el proyecto propone que los gastos administrativos, comerciales y los pagos por servicios contratados con empresas vinculadas no excedan el 10 % de los recursos que reciben por cada afiliado. Las entidades que superen ese límite deberán reintegrar la diferencia con fondos propios.
Asimismo, las aseguradoras tendrían que publicar trimestralmente sus ingresos y gastos en formatos de datos abiertos, especificar qué proporción de sus recursos destinan a servicios de salud y divulgar mensualmente los pagos realizados a sus directivos.
«Si los gastos los pagan los afiliados con su comisión, los afiliados tienen derecho a saber en qué se gasta cada peso y cuánto gana cada ejecutivo», sostuvo el legislador.
En el ámbito sanitario, la iniciativa contempla la creación del Fondo de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alto Costo (FOMAC), destinado a cubrir sin copagos los medicamentos, dispositivos y productos incluidos en su catálogo para afiliados de todos los regímenes y pensionados.
El listado de medicamentos sería actualizado anualmente, mientras que el plan de salud y el catálogo del FOMAC se revisarían al menos cada dos años. La cobertura también se extendería a todos los pensionados del sistema, incluidos los pertenecientes al régimen de reparto y a planes especiales.
Otro de los puntos establece que la mora del empleador no podrá provocar la suspensión de la cobertura médica del trabajador ni de sus familiares. Además, las personas que pierdan su empleo conservarían el seguro de salud durante 60 días.
En cuanto al ahorro para el retiro, el proyecto propone aumentar gradualmente el porcentaje del salario destinado a las cuentas individuales, pasando del 8.40 % actual al 13.90 % en 2036. También dispone que, cada vez que aumente el aporte del trabajador, el empleador deberá incrementar su salario en la misma proporción.
Genao sostiene que la combinación de mayores aportes al ahorro individual y menores comisiones administrativas contribuiría a mejorar las pensiones futuras y fortalecer la protección social de los afiliados.
La propuesta fue sometida al Congreso Nacional y sus disposiciones aún no están vigentes, por lo que deberán seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
