El presidente Luis Abinader dispuso la derogación del régimen arancelario especial que protegía la producción arrocera nacional frente a las importaciones, tras semanas de presión y diferendos comerciales con el gobierno de los Estados Unidos en el marco del tratado DR-CAFTA.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 635-26, el cual deja sin efecto el Decreto 693-24 (emitido originalmente el 17 de diciembre de 2024). Dicha normativa derogada había implementado un arancel ad valorem del 20 % para diversas categorías de importación del cereal y una salvaguarda que gravaba con hasta un 99 % las compras de arroz estadounidense que superaran el contingente preferencial libre de arancel fijado en 23,300 toneladas métricas.
El conflicto bajo el DR-CAFTA
La eliminación del arancel responde a las gestiones formales de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Washington sostenía que las medidas impuestas por la República Dominicana contravenían el calendario de desgravación arancelaria del acuerdo comercial DR-CAFTA, el cual estipulaba el libre acceso del cereal estadounidense a partir del año 2025. Para las autoridades estadounidenses, el decreto 693-24 creaba barreras arancelarias unilaterales incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Notificación y alcance estatal
El nuevo mandato presidencial ordena comunicar la derogación a las principales instituciones del aparato económico y productivo, incluyendo:
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Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
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Ministerio de Agricultura.
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
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Dirección General de Aduanas (DGA).
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Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan).
Preocupación en el sector agropecuario
El desmontaje de esta protección reactiva el debate sobre la sostenibilidad del campo dominicano. El arroz constituye el alimento base de la dieta nacional, con un consumo per cápita estimado en unos 65 kilogramos al año. Hasta la fecha, los productores locales cubrían cerca del 96 % de la demanda interna (con cosechas que superaban las 680,000 toneladas anuales).
Líderes agrícolas y parceleros de la Reforma Agraria han advertido sobre el riesgo de un impacto severo por la entrada sin gravamen de arroz proveniente de EE. UU., país cuyos productores cuentan con elevados subsidios federales que dificultan la competencia en igualdad de condiciones. Con la entrada en vigor del Decreto 635-26, el Gobierno deberá definir nuevos mecanismos de apoyo técnico y subsidios directos a los arroceros para evitar el colapso del cultivo en las principales cuencas productivas del país.
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