El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que el paquete de medidas anunciado en cadena nacional busca recuperar al país como «el más seguro de Latinoamérica», mediante una amplia agenda legislativa enfocada en combatir el crimen organizado y el terrorismo.
Durante un acto en la Escuela de Carabineros de Santiago, el mandatario sostuvo que su Gobierno inicia una nueva etapa en materia de seguridad con el propósito de devolver la tranquilidad a la población y fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales.
Kast estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, entre otras autoridades, quienes respaldaron las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.
El Gobierno propone más de 30 leyes y una reforma constitucional para endurecer el combate al crimen organizado y fortalecer la seguridad pública.
El gobernante explicó que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) contempla más de 30 leyes, además de una reforma constitucional que, según dijo, garantizará que los avances en seguridad permanezcan en el tiempo.
«Serán más de 30 leyes y una reforma constitucional muy relevante para darle tranquilidad y asegurar que estos avances perdurarán en el tiempo», expresó Kast, al destacar que su administración ha endurecido la política de seguridad.
Asimismo, señaló que el crimen organizado utiliza la extorsión y el terror para sembrar miedo entre la ciudadanía, por lo que insistió en la necesidad de aprobar con rapidez el conjunto de proyectos que será sometido al Congreso.
El mandatario confió en que la agenda obtendrá un amplio respaldo parlamentario, pese a las diferencias políticas, debido a que la seguridad constituye una prioridad para el país.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que la agenda ACOT incluye una reforma constitucional, 20 proyectos de ley actualmente en trámite y cerca de 15 iniciativas adicionales que serán presentadas en las próximas semanas.
Entre las propuestas figura el reconocimiento de la Seguridad Pública como un deber del Estado, junto con la creación de un nuevo estado de excepción vinculado a amenazas contra la seguridad ciudadana.
Además, el plan contempla establecer un registro de organizaciones criminales y terroristas para facilitar la persecución penal de sus integrantes, agilizar la incautación y congelación de bienes, y crear un régimen penitenciario especial para los condenados por estos delitos.
Por su parte, Jorge Alessandri sostuvo que las modificaciones legales son necesarias para dotar al Estado de mayores herramientas frente al crimen organizado, mientras que Paulina Núñez afirmó que la seguridad es una preocupación transversal que afecta a todos los ciudadanos, sin distinción política o social.
Chile no es un país productor de drogas, pero se ha convertido en un importante destino y plataforma de distribución hacia Asia, Europa y Estados Unidos, situación que ha favorecido el avance de redes criminales durante los últimos años.
