Santo Domingo. – El diputado Elías Wessin Chávez, representante del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), volvió a someter ante el Congreso Nacional una iniciativa legislativa orientada a frenar el extremismo religioso en la República Dominicana. El proyecto plantea limitaciones a la edificación y operación de mezquitas, además de frenar la aplicación de preceptos de la sharía (ley islámica) que choquen con la Constitución y el marco legal del país.
De acuerdo con el legislador, la medida persigue salvaguardar la seguridad nacional, el ordenamiento jurídico y la identidad cultural dominicana frente a doctrinas religiosas foráneas contrarias a las leyes vigentes.
Puntos clave de la propuesta
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Regulación y excepciones para mezquitas: El proyecto prevé vetar la edificación de templos islámicos que persigan fines de imposición religiosa o colonización ideológica. No obstante, contempla que aquellas mezquitas que ya operen formalmente con anterioridad a la ley puedan continuar sus actividades, aunque bajo estricto monitoreo de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.
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Registro de entidades religiosas y culturales: Las organizaciones de esta índole tendrían la obligación de inscribirse ante el Ministerio de Interior y Policía, detallando su financiamiento, fines, miembros y lugares de congregación. Asimismo, se facultaría a dicha entidad, junto con el DNI y el Ministerio de Cultura, para intervenir ante sospechas de actividades radicales.
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Severas penalizaciones: La pieza plantea multas por un monto equivalente al doble del costo invertido en la obra o sostenimiento del espacio infractor, su cierre inmediato y la aplicación de cargos penales según las leyes contra el terrorismo y el Código Penal.
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Nuevo órgano supervisor: Propone instaurar el Consejo Nacional para la Prevención del Extremismo Religioso e Ideológico, encargado de vigilar el cumplimiento de la ley y limitar relaciones con entes internacionales que subsidien actividades contrarias a la norma.
Debate constitucional
La reintroducción de esta iniciativa reabre la discusión sobre las libertades fundamentales en el país, ya que el artículo 45 de la Carta Magna dominicana consagra la libertad de culto y de conciencia, siempre que respete el orden público y las buenas costumbres. Su discusión y eventual aprobación quedará ahora en manos de las comisiones y el pleno legislativo.
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