A pesar de los esfuerzos para fortalecer los niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos en las instituciones del Estado, aún persisten debilidades que abren el camino para que el dinero de presupuesto de los órganos del estado se maneje de manera arbitraria en franca violación a leyes como las 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Así lo demuestran los informes de las recientes auditorías que realizó la Contraloría General de la República a varios ministerios y direcciones generales que comprenden el periodo 2020-2021.
Tal es el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia donde se detectó la entrega de cheques a personas distintas a los beneficiarios sin carta de autorización, lo que representó un gasto de RD$ 97 millones 313 mil 738 y compras bajo la modalidad de “compras menores” que no poseen oficios de solicitud, lo que implican RD$ 134 mil 834.
Lo mismo ocurre en el Ministerio de Industria y Comercio, en donde realizó un contrato de arrendamiento con opción a compras mensual de RD$ 20 millones 414 mil 323. 95.
Otras de las debilidades en el organismo dirigido por Víctor (Ito) Bisonó es el pago de nóminas por servicios especiales son aplicar los descuentos a la Seguridad Social que implica montos superiores a los 12 millones 177 mil 140.
La realidad no es muy distinta en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, en donde se realizaron compras directas por 17 millones de pesos 343 mil 296 pesos y se realizó el desembolso de caja chica valorado en RD$ 10 millones 677 mil 796.
De igual modo se realizaron pagos de inteligencia sin soporte por 64 millones 12 mil 294 y se adjudicó un contrato de RD$ 2 millones 824 mil 302.00 a una empresa cuyas accionistas son empleados del Estado.
