Los defensores públicos y abogados contratados de Santo Domingo Este denunciaron presuntas condiciones de desigualdad en la nueva Ciudad Judicial y advirtieron que podrían suspender sus labores si las autoridades no atienden sus demandas en un plazo de tres días hábiles.
Mediante un manifiesto, los juristas recordaron que la asistencia legal gratuita a personas involucradas en procesos penales es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, servicio que es ofrecido por la Oficina Nacional de Defensa Pública, creada mediante la Ley 277-04.
Según explicaron, entre el 5 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 516,494 casos penales a nivel nacional, siendo la oficina de Santo Domingo la que concentra la mayor carga de trabajo. Solo durante 2025, afirmaron, ingresaron 2,829 nuevos expedientes, equivalentes al 10.31 % del total nacional.
Los profesionales señalaron que, tras el traslado de las audiencias en enero de 2026 desde el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle hacia la nueva sede ubicada en la avenida Sabana Larga, únicamente se les asignaron cuatro espacios de estacionamiento. Indicaron que esta cantidad resulta insuficiente para los al menos 37 defensores públicos y abogados contratados que prestan servicios en la jurisdicción, además del personal administrativo.
Aseguraron que esta situación contrasta con las facilidades de parqueo disponibles para jueces y fiscales, lo que, a su juicio, representa un trato desigual.
En el documento sostienen que la medida afecta sus derechos a la igualdad, la dignidad y la integridad personal, ya que los obliga a estacionar sus vehículos a considerable distancia de la sede judicial, exponiéndolos a riesgos de seguridad.
Asimismo, manifestaron que las dificultades no se limitan a la escasez de parqueos, sino que también generan impactos físicos y emocionales al tener que recorrer diariamente entre 10 y 15 minutos vestidos con trajes formales y togas para cumplir con sus funciones.
Entre las principales preocupaciones mencionaron la exposición a amenazas de personas que cuestionan o malinterpretan su labor, el riesgo de sufrir agresiones verbales o físicas por representar a ciudadanos en conflicto con la ley, así como la vulnerabilidad adicional al concluir audiencias en horarios nocturnos.
Los defensores afirmaron haber comunicado previamente la problemática a las autoridades competentes sin recibir respuesta satisfactoria.
Ante esta situación, anunciaron que, de no obtener una solución en los próximos tres días laborables, ejercerán su derecho constitucional a la protesta pacífica mediante un paro de labores en los tribunales de la Ciudad Judicial los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.
Durante ese período, explicaron que únicamente mantendrían labores administrativas y los servicios de atención permanente. Además, advirtieron que la protesta podría extenderse de manera indefinida si las autoridades continúan sin responder a sus reclamos.
